Sanidad admite que es «complicado» calcular cuántos inmigrantes irregulares accederán a la sanidad pública

Desde este viernes, cualquier imigrante en situación irregular que quiera acceder a la sanidad pública de nuestro país podrá hacerlo. Esta situación preocupa a los ciudadanos y a políticos, puesto que creen que esto generará un «efecto llamada» y propiciará el «turismo sanitario. Javier Padilla, secretario general del Ministerio Sanidad, además de negar estas afirmaciones ha adimitido que es «complicado» estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso a este servicio gratuito.

Preguntado por Europa Press por la posibilidad de que empresas extranjeras o españolas se puedan aprovechar del nuevo Real Decreto, vendiendo paquetes turísticos sanitarios a extranjero, Padilla ha afirmado que el Gobierno «no puede garantizar» que existan empresas que «intenten engañar y estafar a población extranjera enferma», pero ha recalcado que «la solicitud de requisitos impide el establecimiento de este tipo de paquetes turísticos».

Según ha afirmado el dapartamento de Mónica García en un comunicado, el real decreto propuesto por el Gobierno busca agilizar los procedimientos necesarios para reconocer el derecho a la atención sanitaria. Para ello, se tramitará a través de una declaración responsable, un documento en el que la persona solicitante afirma que no dispone de cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que reside en España, que no se puede trasladar el derecho desde otro país y que no existe una tercera persona para asumir su coste.

Por todo ello, el número dos de Sanidad ha asegurado que «el denominado 'turismo sanitario'» nunca ha sido algo de lo que preocuparse en nuestro país.

Todas las personas inmigrantes que desde ya pueden disfrutar de lo establecido en el real decreto son los menores de edad, las mujeres embarazadas en todo el proceso y el posparto, las víctimas de violencia de género, las mujeres que aborten y las de violencias sexuales y de trata de seres humanos. Además, se establecen medidas para que las personas con discapacidad dispongan de formatos accesibles y el apoyo necesario para realizar sus trámites en igualdad de condiciones.

Son varios los territorios que, debido al anuncio de Sanidad, han acusado a la anestesista de no haber tenido en cuenta «el impacto económico directo» en las comunidades autónomas, la carga asistencial y de haber fomentado el «turismo sanitario». En respuesta a esto, Padilla ha recordado que estas personas ya deberían de tener derecho a «la protección de la salud y a la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos».

Preguntado por Europa Press sobre la posibilidad de que alguna comunidad pueda poner trabas para su desarrollo, Padilla ha recordado que las comunidades deben limitarse a aplicar lo que señala el Real Decreto. Sin emberso, sí ha revelado que «es complicado» estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso en aquellas CCAA que lo estaban dificultando de manera sistemática».