Sanidad y las comunidades lanzan una nueva estrategia de Cuidados Paliativos: estas son las novedades

Cada ves más ciudadanos reclaman una ley de cuidados paliativos. Sin embargo, no llega. Este jueves, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos. Tras 25 años desde la elaboración del primer Plan Nacional, esta nueva propuesta refuerza el acceso a los cuidados paliativos como un derecho universal, sin importar la enfermedad ni el lugar de residencia.

Uno de los avances más relevantes, ha señahado Sanidad en un comunicado, es la «redefinición de la población destinataria de estos cuidados». Ahora, los cuidados paliativos no se limitan a pacientes en situación terminal con un pronóstico inferior a seis meses, sino que se orientan al alivio del sufrimiento derivado de la enfermedad, considerándolo el factor central que activa la atención especializada.

Este enfoque responde a la realidad epidemiológica actual: se estima que el 75 % de los fallecimientos en España se deben a enfermedades crónicas con necesidades paliativas. Mientras que el cáncer representa alrededor del 25 % de estas muertes, las enfermedades no oncológicas, como las demencias, insuficiencias de órganos o fragilidad avanzada, ya representan la mitad, generando una proporción de dos casos no oncológicos por cada caso de cáncer.

El envejecimiento progresivo de la población ha incrementado la prevalencia de personas adultas con necesidades paliativas, situándola entre el 1,4 % y el 1,6 % de la población general. En este contexto, el grupo más numeroso de pacientes no es el oncológico, sino el compuesto por personas con multimorbilidad y fragilidad avanzada, quienes suelen enfrentar procesos de deterioro prolongados que requieren un soporte integral mucho antes de la fase final de la vida.

La estrategia subraya la importancia de la identificación temprana de personas con necesidades paliativas en todos los niveles del sistema sanitario. Para ello, se promoverá la integración de herramientas validadas, como el NECPAL 4.0, dentro de la historia clínica informatizada, permitiendo a los profesionales valorar la complejidad de cada caso y aplicar un enfoque paliativo de manera gradual y anticipada, antes de llegar a situaciones críticas de final de vida.

Se presta especial atención a la población infantil y adolescente, cuya prevalencia se estima en 65 por cada 10.000 niños y niñas en España. La estrategia contempla la atención paliativa desde la etapa prenatal para casos con condiciones incompatibles con la vida extrauterina, así como un tránsito cuidado hacia la vida adulta para jóvenes de entre 19 y 24 años, evitando rupturas en el seguimiento terapéutico. Además, se garantiza el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario, para que los niños mantengan sus vínculos sociales y académicos.

Para prevenir ingresos innecesarios en urgencias, se plantea asegurar una atención continuada las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyada en servicios telefónicos especializados y telemedicina, especialmente en zonas rurales. Se destaca la figura del profesional de enlace o enfermera gestora de casos, responsable de coordinar la atención entre hospital y domicilio y garantizar que el plan de cuidados personalizado sea conocido y aplicado por todos los niveles asistenciales.

El documento también aborda los determinantes sociales de la salud, reconociendo la necesidad de corregir el sesgo de género en la evaluación del dolor y visibilizar la carga emocional de las mujeres como cuidadoras informales. Asimismo, se combate el edadismo, asegurando que las personas mayores en residencias reciban atención de calidad equivalente a la hospitalaria.

El Ministerio promueve el modelo de «Comunidades Compasivas», fomentando la implicación de la sociedad civil –vecinos, amigos y voluntarios– en el acompañamiento y los cuidados al final de la vida, contribuyendo a normalizar la muerte como parte del ciclo vital.

El documento 2026-2030 ha sido resultado de un proceso colaborativo entre el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y un Comité Técnico formado por expertos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Su objetivo es que cada persona en España pueda afrontar el final de la vida con dignidad, soporte psicosocial y alivio efectivo del sufrimiento, garantizando una atención segura y de calidad.