El Tribunal de Cuentas revela contratos a dedo irregulares en una entidad dependiente de Sanidad

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de España, ha señalado directamente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, por una serie de irregularidades detectadas en la contratación de los servicios de limpieza, seguridad, restauración y tratamientos de residuos durante 2022 y 2023.

En concreto, y tal y como consta en la Memoria 2025 de esta entidad, la prestación de la asistencia sanitaria especializada por parte del Hospital Comarcal de Melilla, dependiente de Sanidad al no estar traspasadas las competencias, se encuentra afectada de manera negativa «por las deficiencias y debilidades detectadas en las diferentes áreas y procedimientos analizados».

En primer lugar, el Tribunal de Cuentas afea que no se contara con un plan de salud para el Área sanitaria de Melilla, ni con uno de ámbito más general para el territorio competencia del INGESA. Asimismo, señala que los sistemas de información presentaban un insuficiente nivel de integración e interoperabilidad, que dificulta el trabajo integrado y el intercambio de información.

A renglón seguido, el órgano fiscalizador denuncia que el índice de temporalidad de puestos ocupados de la plantilla al cierre de 2023 es del 23 %, cuando debía estar por debajo del 8 % de las plazas estructurales. Además, se deducen deficiencias relevantes por la ausencia de mecanismos de verificación de la presencialidad y también en el control de las retribuciones variables a los trabajadores.

Además, el Tribunal de Cuentas apunta a que los aprovisionamientos se han efectuado en un 93 % a través de las compras directas, es decir, a dedo, incumpliendo los principios de publicidad y transparencia, y se han apreciado carencias en la fundamentación y en el control de las asistencias sanitarias prestadas con medios ajenos.

En concreto, destacan las irregularidades detectadas en la contratación de los servicios de limpieza, seguridad, restauración y tratamientos de residuos, «en donde se acudió a la prolongación irregular de la ejecución de los contratos y además se excedió el importe previsto en los mismos», expresa.