Sanidad concluye que los inmigrantes están «más sanos» y consumen menos recursos sanitarios que los españoles

El Ministerio de Sanidad ha presentado un informe con el que pretende desmontar algunos de los argumentos más habituales sobre el impacto de la inmigración en el Sistema Nacional de Salud. El estudio, dado a conocer por la ministra de Sanidad, Mónica García, concluye que la población nacida en el extranjero goza de mejor salud, consume menos medicamentos y genera una menor presión asistencial que los españoles.

La publicación llega en un momento especialmente delicado para la sanidad pública, marcada por la falta de profesionales, las listas de espera récord en numerosas comunidades autónomas y el conflicto abierto entre el Ministerio y los sindicatos médicos por la reforma del Estatuto Marco. En este contexto, la difusión del informe ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de intervenir en un debate político más amplio sobre inmigración y sostenibilidad de los servicios públicos.

El documento sostiene que los nacidos en España presentan una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías que concentran mayor gasto sanitario. También asegura que los españoles consumen hasta un 62% más medicamentos que la población procedente de África y cerca de un 50% más que los inmigrantes latinoamericanos.

Sin embargo, varios de los datos presentados por el Ministerio responden a un fenómeno ampliamente conocido por los demógrafos: la población inmigrante suele estar compuesta mayoritariamente por personas en edad laboral, más jóvenes y con menos enfermedades asociadas al envejecimiento. El propio informe reconoce que esta ventaja sanitaria inicial, denominada «efecto del inmigrante sano», tiende a desaparecer con el paso de los años.

La presentación del estudio también ha suscitado interrogantes sobre los aspectos que quedan fuera del análisis. Aunque el Ministerio destaca la menor utilización de recursos sanitarios por parte de la población extranjera, no ofrece una evaluación detallada del impacto que el crecimiento demográfico tiene sobre infraestructuras sanitarias, centros de salud o servicios de urgencias en territorios concretos con fuerte presión migratoria.

Asimismo, el informe atribuye el deterioro progresivo de la salud de los inmigrantes a factores como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda o las barreras administrativas. Una interpretación que encaja con la visión defendida por el departamento de Mónica García, que vuelve a insistir en la necesidad de reforzar las políticas de inclusión y el acceso universal a la sanidad.

Otro de los mensajes centrales del documento es que la población migrante aporta más recursos al sistema de los que consume. Para respaldar esta afirmación, Sanidad recurre a estudios internacionales y a análisis de organismos europeos. No obstante, el informe no cuantifica de forma específica cuál es el saldo económico neto en el caso español ni desglosa el impacto por grupos de edad o situación laboral.

La publicación del estudio se produce, además, en plena confrontación entre el Ministerio y los representantes de los médicos, que reclaman mejoras laborales y salariales. Mientras el Gobierno centra parte de su discurso en combatir prejuicios sobre la inmigración, los sindicatos denuncian que siguen sin resolverse problemas estructurales como la sobrecarga asistencial, la escasez de facultativos o las condiciones de trabajo en el Sistema Nacional de Salud.

De este modo, el informe ha reabierto el debate sobre las prioridades del Ministerio: si el foco debe situarse en combatir determinados discursos sobre inmigración o en responder a las reivindicaciones de unos profesionales que llevan meses advirtiendo del deterioro de la sanidad pública.