Los usuarios del vapeo alertan de que el 40 % de los dispositivos consumidos en España son ilegales

La reforma de la ley antitabaco impulsada por el Gobierno ha reabierto el debate sobre el uso de cigarrillos electrónicos. Coincidiendo con la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto que modifica la Ley 28/2005, la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (ANESVAP) ha reclamado que las administraciones centren parte de sus esfuerzos en combatir el mercado ilegal del vapeo, que, según sus estimaciones, representa ya el 40 % de los productos consumidos en España.

La organización sostiene que el principal problema no reside únicamente en el endurecimiento de la regulación, sino en la entrada y comercialización de dispositivos y líquidos que no cuentan con los registros sanitarios exigidos por la normativa española y europea. En su opinión, se trata de una cuestión que requiere una respuesta prioritaria por parte de las administraciones.

«No basta con hablar de prohibiciones. Hay que controlar qué productos entran en España, quién los vende y qué está llegando realmente a manos de los usuarios», afirma la presidenta de ANESVAP, Ángeles Muntadas-Prim, quien considera necesario reforzar la vigilancia sobre las importaciones procedentes de terceros países, perseguir la venta ilegal e incrementar las inspecciones en los establecimientos donde se comercializan productos que no cumplen los requisitos legales.

La asociación sostiene que la proliferación de estos dispositivos ilegales perjudica tanto a los consumidores como al conjunto del sector. Según explica Muntadas-Prim, cuando tras un incidente sanitario se comprueba que el producto utilizado era ilegal y no había superado los controles exigidos por las autoridades competentes, esa circunstancia suele quedar relegada a un segundo plano y termina proyectándose una imagen negativa sobre todos los usuarios de vapeadores.

Reclaman más controles e información a los consumidores

ANESVAP recuerda que los productos que se comercializan al margen de la legislación pueden incorporar componentes, líquidos o procesos de fabricación que nunca habrían obtenido la autorización necesaria para venderse legalmente. Por ello, insiste en diferenciar entre los dispositivos sometidos a los controles sanitarios y aquellos que llegan al mercado de forma irregular, una situación que, asegura, ya provocó problemas de salud pública en países como Estados Unidos.

La entidad también critica la falta de información que, a su juicio, reciben los consumidores cuando se detectan productos irregulares. «Cuando aparece un problema en un alimento, un medicamento o cualquier otro producto de consumo, las autoridades activan mecanismos de alerta e información para proteger a los ciudadanos. En el caso del vapeo, los consumidores siguen sin saber qué productos son ilegales, cuáles no han pasado ningún control ni qué riesgos puede comportar su consumo», señala la presidenta de la asociación.

Por este motivo, ANESVAP reclama campañas informativas que ayuden a los usuarios a identificar los productos que no cuentan con las garantías sanitarias exigidas y promuevan la compra en establecimientos especializados, donde, según destaca, se cumplen los requisitos de trazabilidad, comercialización y control previstos por la normativa.

La organización concluye que la protección de la salud pública pasa por reforzar la lucha contra el mercado ilegal y no por centrar el debate exclusivamente en nuevas restricciones. «La protección de la salud pública no pasa por demonizar una herramienta de cesación tabáquica efectiva y legal, sino por garantizar que los productos que llegan al consumidor cumplan la ley. Si no se combate el mercado ilegal, los riesgos seguirán creciendo y los usuarios seguirán siendo los principales perjudicados», concluye Muntadas-Prim.