Noelia Castillo y su madre
La madre de Noelia pide a la ONU que investigue si España protegió a su hija antes de autorizar su eutanasia
El grado de discapacidad solo fue incrementado hasta el 74 %, quedando por debajo del umbral que le habría permitido acceder a una prestación económica suficiente, lo que contribuyó a mantener su situación de dependencia y vulnerabilidad
Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para que investigue si el Estado español cumplió con su obligación de proteger a su hija, víctima de violencia contra la mujer, antes de autorizar su eutanasia.
La comunicación, presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos en representación de Yolanda Ramos, no cuestiona únicamente la aplicación de la ley de eutanasia, sino el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales de protección hacia una mujer víctima de violencia y en una situación de extrema vulnerabilidad.
Según expone la queja, Noelia acumulaba numerosos factores de riesgo. Creció en un contexto de grave vulnerabilidad social y económica que llevó a su ingreso durante varios años en un centro tutelado. Posteriormente fue víctima de violencia en el ámbito de la pareja y de una agresión sexual en grupo, experiencias que marcaron profundamente su salud mental y agravaron una situación ya de por sí extremadamente delicada.
Antes incluso de su intento de suicidio en 2022, tenía diagnosticados un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo con ideación suicida y depresión crónica, con una discapacidad reconocida del 67 %.
La madre sostiene que, tras aquel intento de suicidio, el Estado no desplegó la protección reforzada que exigía la situación de su hija. Durante la tramitación de la eutanasia, Noelia dejó de recibir tratamiento psiquiátrico y permaneció sin una atención efectiva en salud mental, sin que las administraciones garantizaran la continuidad asistencial ni agotaran todas las alternativas terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas, paliativas y sociales antes de autorizar una decisión irreversible.
La comunicación destaca, además, que la propia médica responsable de tramitar la eutanasia reconoció expresamente en su informe que «Hasta ahora, los recursos proporcionados han sido insuficientes y no han mejorado el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital». A juicio de la familia, esta afirmación evidencia que el propio procedimiento reconocía la insuficiencia de los recursos ofrecidos antes de autorizar la muerte de Noelia.
Asimismo, la queja pone de manifiesto que, pese al agravamiento de su situación tras el intento de suicidio, el grado de discapacidad de Noelia solo fue incrementado hasta el 74 %, quedando por debajo del umbral que le habría permitido acceder a una prestación económica suficiente, lo que contribuyó a mantener su situación de dependencia y vulnerabilidad.
La queja sostiene que la muerte de Noelia no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y fallos del Estado. A juicio de la familia, España no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida.
Por todo ello, Yolanda Ramos solicita que la Relatora Especial requiera información al Gobierno de España sobre la actuación de las administraciones públicas en este caso; que investigue si se agotaron todas las alternativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, paliativas y sociales antes de autorizar la eutanasia; que analice si el procedimiento cumplió con las obligaciones internacionales de debida diligencia respecto de una mujer víctima de violencia y en situación de especial vulnerabilidad; y que evalúe si la legislación y los protocolos españoles ofrecen una protección suficiente a mujeres que se encuentran en circunstancias similares.
Yolanda Ramos afirma que su hija «había sufrido violencia, enfermedad mental, pobreza y exclusión. Lo único que pido es que Naciones Unidas investigue si España hizo todo lo que debía para protegerla antes de autorizar su muerte».
Por su parte, la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala: «No estamos pidiendo a Naciones Unidas que entre en el debate sobre la eutanasia. Lo que pedimos es que investigue si España cumplió con su obligación internacional de proteger a una mujer que había sufrido violencia, padecía una grave enfermedad mental y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Si el Estado falló en esa protección, estamos ante una cuestión de derechos humanos que merece una respuesta».
