Ceuta: vacunas para emigrantes, insalubridad e inseguridad para españoles

Hay una dimensión de la crisis de Ceuta que puede analizarse prescindiendo por completo de ideología, discursos políticos o sentimientos. Es pura biología, ingeniería sanitaria y salud pública. Pero también afecta a algo tan elemental como el derecho de los ciudadanos a vivir con seguridad y a utilizar con normalidad su propia ciudad.

Los días 30 y 31 de julio entraron en Ceuta más de 70.000 personas. El propio Gobierno ha situado la cifra en torno a 72.000 y asegura que entre el 90 % y el 95 % regresó a Marruecos durante las primeras 24 o 48 horas. A estas alturas no existe una cifra indiscutida de cuántas personas permanecen en Ceuta. Interior cifra actualmente 5.000 inmigrantes, pero reconoce que el proceso de identificación no ha concluido. Organizaciones locales consultadas por Human Rights Watch hablan de hasta 10.000, y el Gobierno de Ceuta ha manejado estimaciones de entre 8.000 y 11.000 basándose, entre otros indicadores, en los miles de raciones de comida distribuidas diariamente.

La realidad es que un mes después, no están ni censados ni identificados los que entraron ilegalmente y que continúa sin resolver el problema logístico de alojar, alimentar, abastecer de agua y proporcionar saneamiento a varios miles de seres humanos concentrados en una ciudad de apenas veinte kilómetros cuadrados.

Y existe otra realidad que a veces parece incómodo recordar: en Ceuta viven alrededor de 85.000 españoles que también tienen derechos. Ciudadanos que trabajan, pagan sus impuestos y tienen derecho a que sus calles estén limpias, sus parques puedan utilizarse, sus hijos puedan desplazarse con normalidad y los espacios públicos continúen siendo públicos. La solidaridad hacia quien llega en situación de necesidad no puede construirse sobre la renuncia de quien ya vive allí a disfrutar con normalidad de su propia ciudad.

Hagamos una cuenta elemental. La literatura científica sobre saneamiento estima una producción humana media de aproximadamente 150 gramos de heces y 1,42 litros de orina por persona y día. Aplicado a 10.000 personas supone aproximadamente 1,5 toneladas de heces y 14.200 litros de orina cada veinticuatro horas.

Naturalmente, esas cifras representan la cantidad fisiológicamente producida, no la cantidad vertida en las calles. Una parte se eliminará mediante aseos, instalaciones de acogida y sistemas de saneamiento. Afirmar otra cosa sin datos sería irresponsable. Pero las cifras permiten comprender que donde no haya suficientes inodoros, puntos de agua, duchas, recogida de residuos, limpieza y evacuación de aguas residuales aparece inevitablemente un problema de salubridad urbana. La extraordinaria infraestructura sanitaria que exige mantener durante semanas a varios miles de personas viviendo en la calle, actualmente, no existe.

Y aquí comienza el riesgo para la salud pública. No porque los inmigrantes puedan ser portadores de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades son claros al respecto. El peligro aparece fundamentalmente cuando grandes grupos humanos viven hacinados, con dificultades para mantener una higiene adecuada, con saneamiento insuficiente y con acceso limitado al agua, al alojamiento o a la asistencia sanitaria.

Esas condiciones proporcionan un terreno especialmente favorable para determinados problemas infecciosos. La contaminación fecal de manos, superficies, alimentos o agua incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales. El hacinamiento facilita la transmisión de infecciones respiratorias y enfermedades como la tuberculosis cuando existe un caso contagioso. El contacto estrecho y prolongado favorece patologías como la sarna. Y una población cuyo historial de vacunación se desconoce puede permitir la aparición de brotes de enfermedades perfectamente prevenibles mediante vacunas.

No hablamos de riesgos teóricos. El Ministerio de Sanidad confirmó el 27 de agosto 60 casos de gastroenteritis, tres de tuberculosis y varios casos de sarna vinculados a la situación generada tras la llegada masiva.

Eso no significa que exista una epidemia en Ceuta. Tampoco permite afirmar que la población ceutí se encuentre sometida a un riesgo elevado de contagio generalizado. No sería científicamente riguroso afirmarlo, pero sí demuestra que existe un riesgo sanitario que requiere vigilancia y actuación, algo que el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido expresamente.

La respuesta adoptada permite además calibrar la excepcionalidad del escenario. El Ministerio y las comunidades autónomas han acordado movilizar 45.000 dosis de vacunas: 15.000 de triple vírica y 10.000 respectivamente de difteria-tétanos, varicela y poliomielitis.

Es importante explicarlo correctamente: enviar decenas de miles de vacunas no demuestra la existencia de una epidemia. Es precisamente una medida destinada a evitarla. Pero tampoco tendría sentido minimizar el problema sanitario al mismo tiempo que se despliega semejante dispositivo preventivo. El riesgo está implícitamente reconocido por las propias decisiones de las autoridades sanitarias.

Vacunar, detectar precozmente los casos, aislar cuando epidemiológicamente esté indicado y tratar a los enfermos son barreras sanitarias esenciales. Pero hay una barrera todavía más básica y antigua: el saneamiento.

La historia de la salud pública comenzó a cambiar cuando las ciudades entendieron que gestionar correctamente el agua potable, las excretas y las aguas residuales salvaba muchas más vidas que los cuidados médicos. La OMS estima todavía hoy que un saneamiento inseguro está relacionado mundialmente con cientos de miles de muertes anuales, fundamentalmente por enfermedades diarreicas.

Pero la responsabilidad de las administraciones no termina evitando enfermedades. La seguridad y la libertad cotidiana también forman parte de una ciudad habitable. Un parque público deja de cumplir su función si las familias consideran que no pueden utilizarlo. Una plaza deja de ser plenamente pública si una situación excepcional la convierte durante semanas en un asentamiento de hecho. Y la libertad de movimientos pierde parte de su contenido cuando un ciudadano modifica sus recorridos o sus hábitos porque determinados espacios de su ciudad han dejado de poder utilizarse con normalidad.

No se trata de culpabilizar a quienes duermen en un parque porque carecen de otro lugar donde hacerlo. Precisamente por eso la responsabilidad debe dirigirse hacia quien tiene capacidad para evitarlo: las administraciones públicas.

El Estado tiene obligaciones humanitarias y sanitarias respecto de las personas que han entrado en nuestro territorio, pero, en primer lugar, tiene una obligación inequívoca hacia quienes ya viven en él. Proteger unos derechos no exige suspender los otros. Y la prioridad siempre debe ser la ciudadanía española que es la que paga con sus impuestos los servicios del Estado. Que los ceutíes pidan poder seguir paseando con seguridad por las calles, llevar a sus hijos al parque sin riesgos o utilizar una plaza no es insolidaridad. Es exigir aquello para lo que existe una Administración pública.

Por eso el problema de Ceuta no puede plantearse únicamente como cuántas personas entraron, cuántas han regresado o cuántas permanecen. Existen preguntas mucho más concretas: ¿disponen los miles de personas que todavía permanecen allí de suficientes inodoros, duchas, agua potable, puntos de lavado, recogida de basuras, alojamiento y capacidad de evacuación de aguas residuales? ¿Se están recuperando inmediatamente los espacios públicos afectados? ¿Se garantiza que los residentes puedan utilizarlos con normalidad y seguridad?

Una ciudad puede absorber durante unas horas una presión humana excepcional. Mantenerla durante semanas sin alterar gravemente la convivencia exige infraestructuras, recursos y, sobre todo, una rápida y eficaz gestión que, en este momento, todavía no existe.

Dentro de las desafortunadas declaraciones de la ministra de Sanidad, lo único salvable es que reconoció que tenemos una crisis humanitaria con un importante riesgo sanitario.

Exactamente. Y reconocer ese riesgo obliga a actuar en las dos direcciones: proteger sanitariamente a quienes han llegado y proteger la salud, la seguridad y la normalidad cotidiana de quienes viven allí.

La solidaridad es una obligación moral de una sociedad civilizada. Pero también lo es gobernar. Y gobernar significa que una situación excepcional no puede convertirse en normalidad a costa de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, un problema excepcional requiere de una solución también excepcional, y que prime los derechos de los españoles, cuando los cauces habituales no solventan nada con la urgencia requerida.

Los ceutíes no tienen que elegir entre ser solidarios y poder vivir con normalidad en su propia ciudad. Garantizar ambas cosas es precisamente la obligación del Estado; primando siempre los derechos de nuestros compatriotas.