Sanidad afea a los sindicatos la convocatoria de huelga en Ceuta: «Un apresurado mal hacer»

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha denunciado este lunes varios errores en la convocatoria de huelga del personal sanitario de Ceuta promovida por Cemsatse para el próximo jueves y ha advertido de que no permitirá que se sacrifique el «bien común» por «bastardos intereses».

En un comunicado, el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable de la asistencia hospitalaria y de Atención Primaria en la ciudad autónoma, ha enumerado «llamativos defectos» en el escrito presentado por los convocantes. Entre ellos, destaca que la convocatoria no está dirigida al Ingesa, sino al «Servicio Aragonés de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón», un error que califica de «falta de cuidado que parece revelar un apresurado mal hacer».

El Instituto también sostiene que la convocatoria «ni siquiera llega a observar el plazo mínimo legal de preaviso», ya que no se completan los diez días naturales íntegros entre el registro de la comunicación y el inicio del paro.

A ello se suma, según Ingesa, que «llama la atención» que la huelga no afecte al «servicio público sanitario en el ámbito de Ceuta», sino únicamente a la parte gestionada por la Administración General del Estado.

En este sentido, el organismo cuestiona que a los convocantes -el sindicato médico CESM y el sindicato de Enfermería Satse, agrupados bajo las siglas Cemsatse- no parezca «preocuparles la Salud Pública», cuya competencia corresponde a la ciudad autónoma, ni «su eventual infradotación o ausencia de personal propio para asumir tareas que competencialmente deberían realizar».

Además, Ingesa recalca que los sindicatos convocantes «son minoritarios» y que apenas representan al 30 % de la Junta de Personal del Área de Salud de Ceuta.

Pese a los defectos señalados, el organismo ha dado curso a la tramitación de la huelga y ha garantizado que «se facilitará absolutamente el ejercicio del derecho fundamental de huelga» a quienes decidan secundarla. Al mismo tiempo, ha asegurado que se respetará «el derecho al trabajo a quien opte por atender el servicio público» el próximo 24 de septiembre. Durante esa jornada, los servicios mínimos serán «los recursos propios de un día festivo».

En cuanto a las consecuencias económicas del paro, Ingesa advierte de que «no se producirá en ningún caso como consecuencia de esta convocatoria, y/o cualesquiera otras similares» una «ganancia retributiva particular alguna» para una categoría, colectivo, servicio, sección o persona concreta «al margen de la legislación vigente».

Tampoco «se va a modificar el régimen de incompatibilidades legalmente establecido» para permitir que «algunos puedan atender sus consultas privadas mientras, simultáneamente, siguen percibiendo muy gruesas nóminas de la sanidad pública».

El Instituto añade que tampoco «se dejarán de realizar inversiones tecnológicas del máximo nivel», y niega que vaya a frenarse la renovación del equipamiento sanitario público porque esta «deje obsoletos los equipos de consultas y clínicas privadas que pueden ver, por ello, peligrar su expectativa de negocio o perder a parte de lo que en el pasado fue una clientela cautiva».

En suma, Ingesa zanja que «en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se va a sacrificar el bien común en aras de bastardos intereses particulares, ni se modificará injustificadamente la normativa laboral vigente bajo la presión o instrumentalización de una crisis humanitaria».

Por último, respecto a la duración de los nombramientos temporales, el Instituto recuerda al Comité de Huelga que la contratación temporal está regulada por el Estatuto Marco de 2003 y rechaza su «exótica pretensión» de limitar la duración «a la cifra arbitraria de seis meses y un día, como si de una condena del antiguo Código Penal se tratase».