Muface deberá pagar a DKV 19,4 millones por obligarla a prorrogar su servicio sanitario a los funcionarios

Hace algo más de un año se puso fin a la grave crisis de Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que a punto estuvo de acabar con el sistema después de que las aseguradoras dejasen desierta la licitación. Aunque finalmente Adeslas y Asisa aceptaron continuar prestando el servicio sanitario a los servidores públicos tras un acuerdo con el Ministerio de Función Pública, DKV decidió desvincularse definitivamente.

No obstante, en 2024, durante la prórroga del servicio tras quedar desierta la licitación, las tres aseguradoras tuvieron que seguir prestando asistencia de forma habitual. DKV, filial de seguros de salud de la reaseguradora alemana Munich Re, decidió recurrir esta situación y ahora, dos años después, la Justicia le da la razón.

Tal y como explican en Expansión, Muface se verá obligada a pagar 19,4 millones a DKV por el sobrecoste que tuvo la aseguradora por esa prórroga obligatoria que impuso la mutualidad para cubrir a los funcionarios. La sentencia del Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid señala que DKV «ha prestado en contra de su voluntad los servicios a satisfacción del órgano de contratación», por lo que la retribución a la que tiene derecho no puede ser, en ningún caso, inferior a la suma de los costes directos e indirectos de la prestación del servicio, los gastos generales y el beneficio industrial.

DKV sostenía en su recurso que la prórroga del concierto sanitario de los funcionarios era ilegal, al considerar que Muface «incumplió la obligación de planificación y programación adecuada de la contratación del concierto, ya que era más que previsible el fracaso de la primera licitación», según recoge la sentencia.

La aseguradora defendía que, frente a los argumentos esgrimidos por la Administración, no existían razones de interés público que justificaran obligar a DKV a prolongar su cobertura sanitaria. A su juicio, existían otras alternativas legales para garantizar la continuidad de la asistencia sin forzar a la compañía a permanecer en el convenio.

Entre esas opciones, DKV planteaba el traspaso a la sanidad pública de los funcionarios que hasta entonces estaban cubiertos por la aseguradora, que representan aproximadamente el 13 % de los 1,4 millones de empleados públicos y familiares incluidos en el sistema. Según la compañía, se trataría de un volumen «perfectamente asumible por el sistema sanitario público».

Muface, por su parte, defendió durante el proceso judicial que la ampliación obligatoria del servicio estaba justificada por razones de «interés público» y por la necesidad de garantizar que los mutualistas mantuvieran su derecho a recibir asistencia sanitaria.

La Abogacía del Estado rechazó además el argumento de DKV de que el fracaso de la primera licitación podía haberse anticipado. Según recoge la sentencia, sostuvo que «Muface no podía prever que el contrato quedara desierto, como sostiene DKV en la demanda».

Para respaldar esta posición, la representación del Estado destacó que la prima contemplada en el nuevo concurso se incrementó en 304 millones de euros respecto al convenio anterior, un aumento que, a su juicio, demostraba el esfuerzo realizado para hacer viable la nueva contratación.

El enfrentamiento judicial entre DKV y Muface no se limita, en cualquier caso, a la prórroga del concierto. Tal y como recuerdan desde Expansión, la aseguradora mantiene abierto otro recurso relacionado con las pérdidas sufridas durante el convenio anterior, por el que reclama a la mutualidad 80 millones de euros, además de los correspondientes intereses de demora.