El ministerio de Mónica García gastó 146.000 euros para informar a los inmigrantes de su derecho a la sanidad pública

«Si vives en España, independientemente de tu situación administrativa, tienes derecho a una atención completa en la sanidad pública. Consulta en tu centro de salud». De esta manera promocionaba el Ministerio de Sanidad la nueva campaña dirigida a inmigrantes en situación irregular, que podrán recurrir al sistema sanitario público. El objetivo, según Sanidad, es «reducir las barreras lingüísticas y facilitar que la información llegue a las personas que pueden necesitarla». Una iniciativa que se enmarca en la apuesta del Ejecutivo por extender la cobertura sanitaria a quienes se encuentran en España sin residencia legal.

En cuanto a la inversión, tal como ha podido consultar El Debate a través de la Plataforma de Contratación del Estado y del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de octubre, la cartera de Mónica García, invirtió 146.435,41 euros –121.021 euros sin impuestos–. En concreto, la empresa beneficiaria fue The Social Vim Collective S.L., un estudio y consultoría de estrategia e innovación social con sede en Barcelona. La entidad, conocida comercialmente como VIM Studio, detalla en su página web que desarrollan «proyectos de impacto social para impulsar la justicia social, la sostenibilidad y la equidad en el mundo».

Según se puede observar en el anuncio de adjudicación, el objeto del contrato es la realización de la «creatividad, diseño y producción de las diferentes piezas y elementos creativos que se utilizarán en una campaña de publicidad institucional sobre salud pública, universalidad y equidad en salud, durante el año 2026». De igual manera, esta campaña –que no cuenta con financiación con fondos de la Unión Europea– recibió ofertas de ocho PYMEs distintas, con ofertas que iban desde los 89.000 euros hasta la cantidad mencionada anteriormente.

El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó un real decreto para recuperar la denominada sanidad universal y regular el acceso a la asistencia pública de los extranjeros en situación administrativa irregular. La norma establece un procedimiento común para todas las comunidades autónomas y permite que la presentación de la solicitud active un documento provisional que da acceso a la atención sanitaria mientras se resuelve el expediente. La iniciativa de Mónica García vuelve así a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la cobertura sanitaria, la financiación de los servicios públicos y las prioridades de un sistema que todavía tiene dificultades para atender con agilidad a buena parte de la población.