¿De qué sirve reducir las ratios si desaparecen las escuelas infantiles?

El Consejo Escolar del Estado acaba de poner sobre la mesa una cuestión que quienes trabajamos en la educación infantil llevamos meses planteando: reducir las ratios exige más recursos humanos, materiales y económicos. Así lo recoge el informe aprobado el pasado 3 de noviembre por su Comisión Permanente, que insta a las administraciones educativas a incrementar sus presupuestos para hacer posible la reforma prevista por el Ministerio de Educación.

La propuesta contempla un máximo de cuatro niños de 0 a 1 año, seis de 1 a 2 años y ocho de 2 a 3 años. ¿Quién puede estar en contra de que nuestros niños y niñas reciban una atención más individualizada y de que los profesionales trabajen en mejores condiciones? Nadie que conozca y valore la importancia de esta etapa educativa.

Pero una cosa es compartir los objetivos de una reforma y otra muy distinta disponer de los medios para llevarla a cabo. Y aquí es donde surge una contradicción que las administraciones no deberían ignorar: ¿cómo se puede mejorar la calidad educativa si, para conseguirlo, se pone en peligro la continuidad de las propias escuelas infantiles?

Reducir el número de plazas sin garantizar la financiación necesaria puede tener consecuencias muy graves. ¿Cuántos centros podrán mantener su actividad? ¿Cuántos puestos de trabajo podrían perderse? ¿Qué alternativas tendrán las familias si desaparecen escuelas de su barrio o municipio?

No hablamos de un riesgo que pueda analizarse únicamente sobre el papel. Muchas escuelas infantiles privadas y de iniciativa social llevan años afrontando dificultades económicas, una natalidad descendente y unos costes de funcionamiento cada vez más elevados. A ello se suma ahora una reforma que, sin recursos suficientes, podría comprometer su viabilidad.

Detrás de cada escuela infantil hay mucho más que un número de plazas. Hay proyectos educativos construidos con esfuerzo, profesionales comprometidos y generaciones de familias que han confiado en ellos. Algunas escuelas llevan más de medio siglo acompañando a los niños y niñas durante sus primeros años de vida. ¿De verdad podemos permitirnos perder todo ese patrimonio educativo?

Esta preocupación se extiende por toda España. Por eso quiero reconocer especialmente la labor de Marea Celeste 0-3, que ha conseguido unir a escuelas infantiles y asociaciones de distintas comunidades autónomas para defender una reivindicación común. Y lo ha hecho superando barreras lingüísticas, geográficas y organizativas, respetando la identidad y las particularidades de cada territorio.

Es una demostración de que podemos tener realidades diferentes y, al mismo tiempo, dirigirnos a las administraciones con una sola voz, firme y unida. Porque lo que está en juego es demasiado importante para que cada territorio tenga que afrontar este desafío por separado.

Tampoco deberíamos convertir este debate en un enfrentamiento entre la escuela pública y la privada o de iniciativa social. Las familias necesitan una oferta educativa suficiente, diversa y de calidad. Y las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones que adopten no acaben reduciendo las posibilidades de elección ni dejando a muchas familias sin alternativas.

La educación de 0 a 3 años no puede convertirse en moneda de cambio electoral. Estamos hablando de una etapa fundamental para el desarrollo de las personas, en la que se construyen las bases de muchos aprendizajes, capacidades y relaciones que influirán en su futuro. En un mundo que cambia a gran velocidad, invertir en la primera infancia debería ser una prioridad compartida, por encima de los calendarios políticos.

Después de más de sesenta años dedicada a la educación infantil, sigo convencida de que las reformas verdaderamente importantes se construyen escuchando, dialogando y trabajando juntos. Pero también aplicando algo tan sencillo y tan necesario como el sentido común.

Reducir las ratios puede ser un avance importante. Lo que no podemos aceptar es que las administraciones trasladen a las escuelas infantiles el coste de una reforma que ellas mismas impulsan. Una transformación de esta magnitud exige financiación suficiente, planificación y diálogo con quienes conocen la realidad de las aulas.

Por eso quisiera plantear dos preguntas a las administraciones educativas:

¿De qué sirve reducir las ratios si, por falta de financiación, acaban desapareciendo escuelas infantiles?

¿De qué sirve una reforma que pretende mejorar la calidad educativa si acaba dejando a miles de niños y niñas y a sus familias sin alternativas?

La respuesta es muy sencilla: de nada. Y no podemos permitirnos perder más tiempo. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de nuestras escuelas infantiles, sino también el de miles de niños y niñas y sus familias.