Campo de trigo, en imagen de archivo
Medio ambiente
Agricultura aprovecha el conflicto de Ucrania para satisfacer a los 'lobbies' agroalimentarios
España flexibiliza temporalmente los requisitos fitosanitarios para la importación de cereales de terceros países
El conflicto de Ucrania está vaciando nuestras despensas, disparando los precios y provocando una de las mayores crisis de refugiados que se recuerda. Mientras los españoles aguardan el plan nacional anunciado por Sánchez para la próxima semana, Agricultura cabildea para sacar tajada del conflicto.
Ucrania y Rusia suministran más de una cuarta parte del trigo del mundo, así como una cantidad considerable del maíz y el 50 % del aceite y las semillas de girasol. Estos cereales, en contra de lo que se pueda pensar, no se restringen al consumo humano, sino que se utilizan para piensos animales y uso industrial –como biocombustibles–.
En España, el 18 % del consumo total de cereales se destina a los humanos, el 78 % a piensos animales y el 4 % a uso industrial. En Francia, estos porcentajes varían al 25 %, 58 % y 17 % respectivamente; mientras que en Alemania son del 27 %, 70 % y 3 %. La media europea, de hecho, demuestra que los países de la UE dedican más cereal a la alimentación animal que a la humana.
La desestabilización del mercado de piensos ha provocado por consiguiente un aumento en el precio de la carne, también alentado por las reacciones especulativas de las bolsas de valores sobre estos alimentos.
Además, según la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Rusia fue en 2021 el principal exportador de fertilizantes nitrogenados y el segundo mayor proveedor de abonos de potasio y fósforo. Estos minerales son utilizados para estimular el crecimiento de las plantas y la UE consume más de 11 millones de toneladas al año.
En definitiva, Europa no solo tiene una alta dependencia energética de Rusia, sino que también nuestro mercado agroalimentario está en manos de los dos países involucrados en el conflicto. Lejos de buscar soluciones para reducir esta dependencia, algunos están aprovechando esta situación para cambiar la legislación contraria a sus intereses.
España, que adquiere una cantidad considerable de maíz para alimentación animal, ha estado presionando a la UE para que elimine los controles de importación de este producto de Argentina y Brasil. A través de la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos (AECEC), encargada de realizar los análisis de riesgos, Agricultura ha conseguido flexibilizar temporalmente los requisitos fitosanitarios para la importación de terceros países.
El problema, como denuncia Foodwatch, es que la agricultura intensiva de estos cereales en Latinoamérica está provocando la deforestación indiscriminada al tener legislaciones más laxas en materia medioambiental. Toda una lección de real politik que choca frontalmente con las limitaciones que este Ejecutivo ha impuesto al sector agroalimentario y energético en nuestro país.
Agricultura y ganadería
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Suspensión del Pacto Verde
En Francia, la FNSEA –una importante unión de agricultores gala– y su federación europea realizaron una petición para revisar o suspender por completo la parte agroalimentaria del Pacto Verde para Europa. Los objetivos comunitarios plantean la reducción de pesticidas y fertilizantes para 2030 dentro de su estrategia De la granja a la mesa.
De momento, los responsables comunitarios descartan esta petición al entender que las recientes sequías en el sur de Europa y la amenaza creciente del pacto climático impiden dejar de lado los compromisos ecológicos de la UE. Sin embargo, el presidente Macron ya ha advertido que «adaptará» la citada estrategia al considerar que el texto «estaba basado en un mundo de preguerra en Ucrania» y que Europa «no puede permitirse producir menos».
Desde hace años, la Comisión Europea considera urgente la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles que reduzcan la degradación del medio ambiente. En su estrategia De la granja a la mesa, estableció varios objetivos fundamentales para 2030: reducir el uso de plaguicidas químicos en un 50 % y de fertilizantes en un 30 %, aumentar la superficie cultivada en producción ecológica al 15 % y revertir la pérdida de biodiversidad.
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