La mina de oro más grande de Europa divide a un pueblo asturiano: «Hubo situaciones de enfrentamiento»

Desde tiempos inmemorables el oro ha sido una pieza clave en las creencias religiosas, la tecnología, así como el arte de los distintos pueblos. De igual manera, este metal ha funcionado como moneda de cambio en todo tipo de transacciones comerciales, siendo uno de los principales baluartes en la riqueza económica de las naciones. En los últimos años, en distintos países han ido surgiendo nuevas proyectos y explotaciones relacionadas con este material. Sin ir más lejos, en España a día de hoy existe uno de los yacimientos más importantes en suelo europeo, aunque sin explotar.

El yacimiento de Salave es testigo directo de esta relación con el oro. Tenemos que remontarnos al siglo I d.C. cuando los romanos comenzaron a explorar las capas superficiales de la mina. Situada en la localidad asturiana de Tapia de Casariego, se estima que bajo tierra pueden esconderse hasta 30 toneladas de oro. En aquella primera investigación romana, se estima que lograron recuperar entre 5.000 y 7.000 kilogramos de oro. Tras este periodo romano, la actividad minera en la zona fue inexistente hasta mitad del siglo XX, aunque ningún proyecto terminó de cuajar.

Por ello, en 2018 Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) realizó una nueva campaña de sondeos, con más de 2.000 metros perforados. Su propósito fue confirmar los resultados de los sondeos anteriores, cerrar mallas de perforación y brindar datos sólidos para la elaboración de un estudio de viabilidad más completo.

Sin embargo, a pesar de que el yacimiento es un punto de interés tanto histórico como económico, en los últimos años se han producido distintos enfrentamientos y tensiones entre aquellos partidarios de poner en marcha una nueva explotación, y los que prefieren dejar las cosas como están. Por un lado, los 'negacionistas' de la explotación han expuesto que esta tendría un impacto brutal sobre el ecosistema de la zona. Una teoría descartada por los expertos.

«Ahora mismo, contamos con las tecnologías más avanzadas y somos un sector tecnológico y digital», expone a El Debate José Manuel Domínguez, director el general de EMC. En concreto, el experto expone que las nuevas técnicas a las que tienen acceso ayuda a «optimizar los procesos de extracción y procesamiento, reduciendo así las emisiones de carbono y otros impactos ambientales». De hecho, dichas técnicas por las que apuesta EMC han sido promovidas especialmente por la Unión Europa, destinadas a minimizar el impacto medioambiental.

Por ello, la sensación generalizada en el pueblo es de mínimo interés por conocer el proyecto por parte de los 'negacionistas'. «Hablan de cianuro que no va a haber, de la destrucción de las lagunas de Salave (antiguos huecos mineros que dejaron los romanos) cuando es una mina subterránea…, o hacen afirmaciones catastrofistas sin fundamento y para asustar como que 'la mina supondría la destrucción de una amplia zona de Asturias'. Cuando leímos esto último realmente pensamos que su credibilidad era cero», cuenta a El Debate Lydia Pérez, portavoz de la asociación Idoa, partidaria de la mina de Salave.

Impacto económico

Lógicamente, más allá de las nulas consecuencias que tendría este proyecto para el medio ambiente, hay que destacar las grandes oportunidades laborales y económicas que traería a la zona. Tal como explican desde EMC –basándose en los datos del INE–, esta explotación inyectaría 2.500 millones de euros a la economía local y regional.

De igual manera, daría más de 1.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. La inversión inicial, de no más de 100 millones, sería prácticamente mínima en comparación con los ingentes beneficios. Por ello, gran parte de los vecinos esperan con ansias que se apruebe el proyecto, exponiendo que para la economía de la zona es «como si nos tocará El Gordo de Navidad durante los años que dure la mina».

«El pueblo iba a pegar un cambio de 180 grados. Anima pensar en un pueblo con gente, no vacío como está ahora», cuentan los propios vecinos.

Tensión vecinal

La variedad de opiniones que ha imperado en la pequeña localidad –de no más de 3.600 habitantes– ha provocado «situaciones de enfrentamiento» en el pasado. Aun así, las distintas fuentes consultadas por este periódico han revelado que muchas personas prefieren callar «para evitar problemas».

«La inmensa mayoría del pueblo permanece callada para evitar problemas y cuando nos preguntan sobre la mina lo hacen con cautela. Es una situación triste que en democracia no se atrevan a expresar sus opiniones, aunque lo entendemos», exponen desde la asociación Idoa.

«Bucle administrativo»

Ahora, el próximo paso estará en manos del Principado de Asturias. Tal como adelantó hace escasos días La Nueva España, el Ejecutivo de la región ya estaría tramitando la solicitud formulada por los promotores de la mina. Una tramitación que llegaría años después de que EMC haya solicitado una «Declaración de Impacto Ambiental por parte del Principado».

Desde la entidad mencionan que se encuentran inmersos en un «bucle administrativo» entre Ayuntamiento y Principado de Asturias, lo que impide el avance del proyecto.

«Este perverso limbo legal retrasa injustificadamente la inversión directa de más de 100 millones de euros en la comarca, impide la aportación de cientos de empleos de calidad y en definitiva, afecta negativamente a una zona abocada hace años hacia la despoblación y el envejecimiento de su población», sentencia José Manuel Domínguez.