Bruselas expedienta a España por incumplir las normas sobre la calidad del agua potable

La Comisión Europea ha abierto este martes un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado plenamente a su normativa nacional los requisitos de la revisión de la directiva europea sobre la calidad del agua potable. Esta reforma, que tenía como fecha límite de transposición enero de 2024, busca garantizar un mayor nivel de protección de la salud humana y una mejora en la eficiencia del suministro de agua.

Según ha comunicado el Ejecutivo comunitario, la legislación española presenta carencias en aspectos clave como el ámbito de aplicación de la directiva, así como en la falta de disposiciones específicas sobre la evaluación de riesgos en los sistemas de abastecimiento de agua y la ausencia de mecanismos para su revisión periódica. Estos elementos son considerados fundamentales para garantizar el cumplimiento integral de la normativa europea.

Bruselas ha notificado a las autoridades españolas mediante una carta de emplazamiento, primer paso formal del procedimiento de infracción, en la que detalla las deficiencias detectadas. España dispone ahora de un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones y subsanar los incumplimientos señalados. Si transcurrido ese plazo no se han adoptado las medidas necesarias, el caso podría pasar a una segunda fase del procedimiento, que incluiría un diálogo más intensivo entre las partes. De no lograrse una solución, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Junto a España, también han sido objeto de expedientes similares Bulgaria, Grecia, Países Bajos y Portugal, todos ellos señalados por Bruselas por no haber completado adecuadamente la transposición de la normativa europea en cuestión.

La reforma de la directiva sobre el agua potable, aprobada a nivel comunitario, introduce actualizaciones relevantes para mejorar la calidad del agua en toda la Unión. Entre las novedades más destacadas se encuentra la fijación de nuevos parámetros para combatir la presencia de contaminantes emergentes, como los microplásticos o los compuestos con propiedades de alteración endocrina. Asimismo, se busca fomentar un mayor acceso al agua del grifo más limpia, segura y accesible, contribuyendo también a la reducción del consumo de agua embotellada y, con ello, del uso de plásticos de un solo uso.

Otro de los objetivos principales de la normativa es reducir las pérdidas en las redes de distribución, ya que actualmente se estima que hasta el 30 % del agua potable en la UE se pierde antes de llegar al consumidor final debido a fugas en las infraestructuras. La directiva contempla medidas para que los Estados miembros identifiquen y corrijan estas deficiencias, aumentando la eficiencia en la gestión del recurso hídrico.

La Comisión subraya que estas obligaciones no solo buscan mejorar la salud pública, sino también contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la transición hacia una economía más verde y eficiente en el uso de los recursos. En este sentido, recuerda a los Estados miembros que el cumplimiento de las normas europeas es esencial para garantizar un nivel de protección uniforme y adecuado para todos los ciudadanos europeos, sin importar su lugar de residencia.

El procedimiento abierto contra España se enmarca en el mecanismo habitual de vigilancia que la Comisión Europea ejerce para asegurar que las leyes adoptadas a nivel de la Unión sean correctamente aplicadas en los distintos países que la integran. En este caso, el incumplimiento detectado por las autoridades comunitarias podría derivar en consecuencias jurídicas y sanciones si no se adoptan las medidas necesarias en el plazo establecido.