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Incendios

La normativa señala que dichas actuaciones deben ajustarse a la normativa ambiental y forestal vigenteEl Debate

¿Está permitido desbrozar montes en España? Esto dice la ley

A pesar de que se trata de una medida preventiva, puede tener efectos negativos si no se realiza de forma controlada

El desbroce de montes y terrenos forestales es una práctica habitual en España, especialmente en primavera y verano, cuando la vegetación crece con rapidez y aumenta el riesgo de incendios. Sin embargo, esta actividad está regulada por distintas normativas estatales y autonómicas, y no siempre está permitido realizarla en cualquier momento del año ni de cualquier manera.

El desbroce consiste en la eliminación de maleza, matorrales, arbustos y hierbas en montes o terrenos rústicos, con el objetivo de prevenir incendios, facilitar el acceso o preparar el suelo para usos agrícolas o forestales. De hecho, aunque se trata de una medida preventiva, puede tener efectos negativos si no se realiza de forma controlada.

La Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, y sus modificaciones posteriores) establece que los propietarios de montes están obligados a mantener sus terrenos en condiciones que eviten riesgos de incendio o plagas. Esto implica, en muchos casos, llevar a cabo labores de limpieza y desbroce. No obstante, la normativa también establece que estas actuaciones deben realizarse conforme a la legislación ambiental y forestal vigente.

Asimismo, uno de los aspectos más relevantes es el periodo de alto riesgo de incendios, que suele ir de mediados de primavera hasta el final del verano (las fechas exactas varían según la comunidad autónoma). Durante ese tiempo, la mayoría de autonomías prohíben o restringen el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como desbrozadoras de cadena o cortadoras mecánicas, salvo autorización expresa.

Detalles que se deben tener en cuenta

En concreto, si el desbroce implica cambiar el uso del suelo forestal (por ejemplo, transformar un monte en terreno agrícola o urbanizable), se requiere una autorización administrativa. La ley es muy estricta en este aspecto, ya que tras un incendio, queda prohibido recalificar un terreno forestal durante, al menos, 30 años.

Por otro lado, muchas comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado ordenanzas específicas que obligan a los propietarios de parcelas rústicas y urbanas a mantenerlas limpias de maleza. En zonas de interfaz urbano-forestal, el incumplimiento puede conllevar sanciones económicas.

infracciones administrativas

Comunidad de Madrid: la Ley 16/1995 de Protección y Fomento de la Flora y Fauna Silvestres y las ordenanzas municipales establecen multas que pueden oscilar entre 100 y 1.000 euros en casos leves. Si la falta se considera grave, la sanción puede superar los 3.000 euros.
Cataluña: la Ley 5/2003, de medidas de prevención de incendios forestales, obliga a limpiar las parcelas situadas en zonas de riesgo. Las multas por incumplir esta norma van desde 300 euros hasta más de 6.000 euros, según la gravedad y el peligro generado.
Andalucía: la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales recoge sanciones desde 100 euros en casos leves hasta 1.000.000 de euros en infracciones muy graves (por ejemplo, si el abandono de un terreno conlleva un incendio).
Comunidad Valenciana: el incumplimiento de la obligación de mantener las parcelas en condiciones de seguridad frente a incendios puede acarrear sanciones que van desde 150 euros en casos leves hasta 30.000 euros en casos graves.
Ámbito municipal: muchos ayuntamientos, como Valencia, Zaragoza o Málaga, aprueban bandos cada primavera exigiendo a los propietarios desbrozar sus parcelas antes del verano. Si no se cumple, además de la multa económica, el consistorio puede ejecutar de forma subsidiaria la limpieza y pasar el coste al propietario.

Es decir, sí está permitido desbrozar montes en España, pero siempre dentro del marco legal, respetando las épocas de riesgo, solicitando autorización cuando se requiera y siguiendo las recomendaciones de prevención. Antes de actuar, conviene consultar la normativa autonómica o local para evitar sanciones y, sobre todo, para garantizar una correcta protección del medio ambiente.

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