Aprobada la declaración de zona catastrófica para 63 comarcas por inundaciones e incendios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a instancias del Ministerio del Interior, una nueva declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. Esta medida incluye a 63 comarcas de once comunidades autónomas que se vieron perjudicadas por distintos episodios catastróficos, principalmente inundaciones, ocurridos entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre del presente año.

Las regiones contempladas en esta declaración abarcan Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Islas Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y la Región de Murcia. En todas ellas se registraron fenómenos meteorológicos extremos que provocaron daños de consideración.

Entre los sucesos que han motivado esta decisión se encuentran las lluvias torrenciales del pasado 30 de septiembre en Ibiza y Formentera, así como el paso de la depresión aislada en niveles altos (dana) Alice entre el 9 y el 13 de octubre, que dejó su huella en la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia. A estos se suman los incendios forestales declarados en varias comunidades –entre ellas Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia y Baleares– a lo largo del periodo comprendido en la declaración.

Según ha informado el Gobierno, los ciudadanos que han resultado damnificados ya han podido tramitar las ayudas gestionadas directamente por el Ministerio del Interior, dirigidas a paliar tanto los daños personales como los materiales.

A partir del acuerdo adoptado este martes, se abre la vía para que otros ministerios implementen medidas complementarias. Estas incluyen beneficios fiscales, actuaciones laborales y de Seguridad Social, así como apoyos específicos para las corporaciones locales. Además, se contemplan subvenciones destinadas a compensar los perjuicios sufridos por las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.

Esta declaración refuerza la acción del Ejecutivo en su compromiso de respuesta ante situaciones de emergencia, especialmente en un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos. Queda por ver cómo se articularán estas ayudas a nivel autonómico y municipal, y si resultan suficientes para atender las necesidades reales de los afectados.