Anatomía de una ceniza anunciada: la España que arde por dentro

Cada verano España vuelve a oler a pino quemado. El humo no se queda en las sierras de Orense, Zamora o Almería, baja a las ciudades, se cuela en las sobremesas y desaparece con las primeras lluvias de octubre como si nunca hubiera estado ahí. Asistimos a este ritual con resignación. Los telediarios hablan de condiciones meteorológicas extremas, de una ola de calor sin precedentes, de la entrega abnegada de la UME y los brigadistas. A mediados de julio de 2026, la cuenta ya era peor que la de casi cualquier año de las dos últimas décadas para estas fechas: entre 110.000 y 120.000 hectáreas calcinadas, según el seguimiento por satélite del programa europeo Copernicus, más del doble de la media 2006-2025 para el mismo día del calendario, con dos incendios, el de La Mierla en Guadalajara y el de Cinco Villas en Zaragoza, que por sí solos sumaban ya más de 40.000 hectáreas.

Pero el dato que debería quedarse grabado no es una hectárea, sino un poste.

La noche del 9 al 10 de julio, en los alrededores de Los Gallardos, en Almería, un fuego nacido junto a una carretera avanzó 15 kilómetros en apenas dos horas, empujado por el viento. La Guardia Civil investiga como hipótesis principal la caída de un cable eléctrico: un poste de madera, de titularidad particular que, según las primeras informaciones, estaba podrido y se partió sobre una cuneta, prendiendo a ambos lados del camino. Murieron 13 personas, varias de ellas dentro de sus propios coches, mientras intentaban huir; la mayoría eran residentes extranjeros o turistas, en una zona rural muy habitada por británicos y belgas. La Junta de Andalucía decretó tres días de luto oficial: fue el incendio forestal más mortífero de la historia de Andalucía. Y no empezó en el monte. Empezó en una franja de cuneta que no es de nadie, no del servicio forestal, que solo gestiona el arbolado, no de la Dirección General de Carreteras, que solo vigila el asfalto, no del dueño del poste, que llevaba quién sabe cuánto tiempo sin que nadie lo revisara. Ese poste podrido es, sin necesidad de metáfora, es la fotografía más exacta de lo que le ocurre a España cada julio.

Porque los incendios no son una plaga de origen divino ni un imponderable meteorológico, sino el síntoma visible de un Estado que ha sustituido la gestión por el socorro, y la previsión por la puesta en escena de la emergencia.

En la contabilidad pública de los incendios existe una distorsión que los propios datos oficiales confirman con frialdad aritmética. España se ha convertido en un especialista mundial en apagar fuegos y en un analfabeto funcional en evitarlos. Según Eurostat, el gasto público español en prevención de incendios apenas representa el 0,4 % del gasto público total, por debajo de la media comunitaria, situada en el 0,5 %, y lejos de Rumanía, que destina el 0,7 %. La partida de extinción, mientras tanto, lleva congelada en unos 417 millones de euros anuales desde 2009, casi sin variación pese a que la superficie quemada se ha disparado en los años más graves. El presupuesto forestal total, el que agrupa prevención, extinción, reforestación y conservación, cayó de 1.742 millones de euros en 2009 a 1.295 millones en 2022, un recorte real del 26 %, según los datos que maneja la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Y dentro de ese recorte, la prevención específica, la limpieza de montes, los cortafuegos, la silvicultura preventiva, es la partida que más ha sangrado: más de la mitad de su presupuesto en apenas 15 años.

La aritmética del despropósito se completa con el coste por hectárea. Extinguir un incendio ya declarado cuesta, de media, entre 19.000 y 20.000 euros por hectárea, según las estimaciones de la patronal forestal Asemfo. Gestionar preventivamente esa misma hectárea, desbrozarla, abrir cortafuegos, mantenerla limpia de matorral, cuesta entre 2.000 y poco más de 3.000 euros, según los precios de referencia de Tragsa, la empresa pública que ejecuta buena parte de esos trabajos. La proporción es de seis a diez veces. Invertir en invierno para no tener que apagar en verano no es una cuestión moral, es sencillamente más barato, y sin embargo el dinero sigue yendo adonde va la cámara: ningún ministro corta una cinta inaugurando un cortafuegos en febrero, todos aparecen subidos a un avión de extinción en agosto. Conviene no simplificar el argumento en una sola dirección: Rumanía, pese a liderar la clasificación europea en gasto de prevención, fue en 2022 uno de los países con más superficie calcinada de la Unión. El presupuesto no apaga nada por sí solo si no se traduce en gestión activa del territorio, y ahí España tropieza dos veces, gasta poco y encima gasta mal lo poco que gasta: en aparato de temporada, aviones alquilados, en lugar de en jornales de invierno.

Porque detrás del presupuesto hay un problema todavía más antiguo, que ningún plan de choque de julio resuelve: el monte español lleva medio siglo vaciándose de la gente que lo cuidaba gratis. Las provincias que más arden, Orense, León, Zamora, son casi exactamente las mismas que más se despueblan, según el Instituto Nacional de Estadística. El pastor, la cabra y la oveja actuaban como un cortafuegos vivo, comiéndose el matorral que hoy alimenta las llamas, sin coste alguno para la administración; esa selvicultura preventiva desapareció con el éxodo rural, y con ella se acumuló combustible en 2,32 millones de hectáreas agrícolas hoy abandonadas y sin aprovechamiento, según el Ministerio de Agricultura. España sustituyó al pastor por el helicóptero. El pastor no cobraba nómina; un helicóptero de extinción cuesta unos 3.000 euros la hora de vuelo, y un avión anfibio ronda el doble.

El desastre forestal no ocurre en el vacío, sino que es un síntoma más de una crisis de desinversión en todo lo que no da votos ni fotografías. El mismo país que ve arder casi el 1 % de su superficie forestal en los peores años es el que, el 18 de enero de 2026, vio descarrilar y colisionar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, con un balance de 46 muertos y más de 120 heridos: el cuarto accidente ferroviario más grave de la historia de España. Meses después, la instrucción judicial sigue reclamando a Adif la documentación completa de las obras de renovación de vía y catenaria ejecutadas entre 2022 y 2023 en ese mismo tramo; la causa técnica formal aún no está determinada, pero la pregunta que ya se ha instalado en el juzgado, por qué descarriló un tren de cuatro años en una línea supuestamente renovada meses antes, es de la misma familia que el poste podrido de Los Gallardos. No hace falta esperar a una tragedia de esa escala para reconocer el patrón en miniatura: un tren de mercancías provocó ocho incendios distintos a su paso por la provincia de Orense el pasado julio, por chispas del propio convoy sobre una vegetación que nadie había desbrozado en los márgenes de la vía; apagarlos costó más de 60.000 euros solo en medios aéreos, en unas pocas horas, para calcinar 8,5 hectáreas.

Las presas cuentan la misma historia, pero con más lentitud, porque el agua avisa antes de matar. España tiene más de 2.400 presas, unas 1.300 catalogadas como grandes presas; su edad media ronda los 55 años y más de un centenar supera el siglo de vida. La inversión real en su mantenimiento ha caído por debajo del 5 % del gasto hídrico total, según la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que cifra en 140 el número de presas con la seguridad hoy seriamente comprometida, y en un 75 % las de titularidad estatal que necesitan estudios complementarios de seguridad todavía no realizados. El caso de la presa de Forata, en Valencia, resume el problema mejor que cualquier estadística agregada: el 29 de octubre de 2024, el mismo día de la dana que devastó la provincia, Forata alcanzó el Escenario 2 de emergencia, riesgo grave de rotura, con el desagüe de fondo inoperativo, sin el personal mínimo exigido por la normativa, sin el plan de emergencia implantado y con la revisión de seguridad caducada desde hacía dos años, según un informe oficial de 2023. Ingenieros consultados después coincidieron en que, de haber llovido una hora más, la presa no habría resistido. Más de 110.000 personas viven aguas abajo, dependiendo de una infraestructura de los años setenta a la que nadie había hecho la revisión que exige la ley.

Un país no se protege comprando más aviones para cuando las llamas ya alcanzan los 20 metros de altura. Se protege gestionando el monte en invierno, fijando población rural que limpie el matorral con sus propios rebaños, revisando el poste eléctrico de la cuneta antes de que se pudra, auscultando la presa antes de que caduque su revisión, renovando la vía antes de que el tren la abandone. Nada de eso produce un titular el día en que se hace. Todo eso produce un titular, y varios muertos, el día en que no se ha hecho. Mientras el Estado siga prefiriendo la fotografía de la emergencia al trabajo silencioso del mantenimiento, España seguirá ardiendo, descarrilando y sedimentándose con una puntualidad casi administrativa. Y cada otoño, cuando llegue por fin la lluvia y apague lo que quedaba por quemar, volveremos a guardar el poste de Los Gallardos en el mismo cajón donde guardamos el tren de Adamuz y la presa de Forata, a la espera de que el próximo julio vuelva a sacarlo.