Más allá del cambio climático: la estulticia

Cada vez que un gran incendio devora decenas de miles de hectáreas, el debate público se activa con una rapidez tan previsible como estéril. Se suceden las imágenes de las llamas, las declaraciones políticas, las acusaciones cruzadas y, casi de inmediato, una explicación, convertida en excusa, que parece adquiere rango de dogma entre ciertos responsables políticos: la culpa es del cambio climático.

Como prevencionista, me resulta imposible aceptar una explicación tan simple para un problema extraordinariamente complejo. No porque el cambio climático no exista –la evidencia científica es incuestionable–, sino porque atribuirle toda la responsabilidad supone confundir el factor que agrava un problema con la causa estructural que agrava sus consecuencias.

En ingeniería existe un principio básico: ningún accidente importante se explica únicamente por el último acontecimiento que lo desencadena. Cuando colapsa un puente, nadie concluye que la causa fue únicamente el peso del camión que lo cruzaba. Cuando descarrila un tren, no basta con señalar la existencia un problema puntual en la vía. Cuando rompe una presa, el problema no es simplemente la presión del agua. La investigación técnica distingue siempre entre la causa inmediata y la causa raíz.

Con los incendios forestales deberíamos aplicar exactamente el mismo criterio.

La causa inmediata puede ser una negligencia, un rayo, un fallo eléctrico o incluso un acto intencionado. Pero la causa raíz de que ese foco inicial termine convirtiéndose en un megaincendio reside en la enorme cantidad de energía acumulada durante años en forma de biomasa forestal sin gestionar.

La física de la combustión es extraordinariamente sencilla. Todo incendio necesita tres elementos simultáneos: combustible, oxígeno y una fuente de ignición. El oxígeno forma parte de la atmósfera. La fuente de ignición inicial nunca podrá eliminarse por completo porque, casi siempre, obedece a cuestiones impredecibles. Sin embargo, el combustible sí puede gestionarse durante todo el año mediante tratamientos selvícolas, desbroces, aprovechamientos forestales, pastoreo o extracción de biomasa.

Éste es el único vértice de los factores del triángulo del fuego sobre el que las administraciones y la sociedad civil puede actuar de manera permanente; el material combustible. Ahí reside la verdadera causa raíz de los incendios. Sin altas cantidades de material combustible, el fuego no se propaga.

Y, sin embargo, es precisamente el aspecto que menos espacio ocupa en el debate público.

El consenso científico también es claro respecto al cambio climático. El aumento de las temperaturas, las olas de calor más frecuentes, la disminución de la humedad del combustible y los periodos prolongados de sequía incrementan la probabilidad de incendios extremos y favorecen una propagación más rápida. Negarlo sería totalmente absurdo, pero aceptar esa realidad obliga precisamente a una conclusión muy incómoda: si conocemos el riesgo, la obligación de prevenirlo y la responsabilidad de los gestores públicos es todavía mayor.

En ingeniería del riesgo sucede exactamente eso. Cuando aumenta la probabilidad de fallo de una infraestructura, no se reduce el mantenimiento; se intensifica. Cuando una instalación envejece, se incrementan las inspecciones. Cuando un proceso industrial presenta mayor peligrosidad, se implantan nuevas barreras de seguridad.

¿Por qué aceptamos entonces que nuestros montes sigan acumulando combustible precisamente cuando sabemos que las condiciones climáticas favorecen incendios más severos?

Ésa es la verdadera pregunta.

España ha experimentado durante décadas un profundo abandono del medio rural. La pérdida del aprovechamiento tradicional de los montes, la disminución del pastoreo, el abandono agrícola y la reducción de determinados usos forestales han favorecido una acumulación progresiva de biomasa. Donde antes existían discontinuidades naturales capaces de frenar el avance del fuego, hoy encontramos grandes superficies con continuidad horizontal y vertical del combustible que permiten incendios de comportamiento extremo.

La consecuencia no es únicamente ambiental. También es económica e, incluso, energética.

Resulta paradójico que un país que busca desesperadamente nuevas fuentes de energía renovable contemple cada verano cómo una parte importante de esa energía renovable se libera de manera totalmente incontrolada en forma de incendios forestales.

Para tomar orden de magnitud y de manera estimativa; con la cifra promedio de la producción de biomasa por hectárea y la cantidad de energía que se libera en su combustión, el incendio de la Mierla en Guadalajara habría descargado el equivalente a unas 500 bombas atómicas como la de Hiroshima. (30.000 TJ de energía del incendio frente a 60 TJ de Little Boy)

Extrapolando valores sobre la superficie incendiada en lo que va de año en España (cerca de 115.000 hectáreas), puede realizarse un cálculo aproximado, basado en hipótesis conservadoras sobre la carga media de biomasa y su poder calorífico. Suponiendo que de la totalidad de masa que ha ardido, se hubiera retirado un 30 % en forma de desbroce, la estimación sitúa el contenido energético asociado en torno a 33.520 terajulios, equivalentes aproximadamente a 9,31 TWh de energía –se trata de una estimación técnica, no de una cifra oficial, pero resulta enormemente ilustrativa por su orden de magnitud–. Esa energía equivale aproximadamente al 32 % de toda la demanda anual de electricidad de la Comunidad de Madrid.

No estamos hablando únicamente de árboles quemados. Estamos hablando de un recurso energético renovable que acaba disipándose en la atmósfera mientras provoca enormes pérdidas ambientales, económicas y sociales.

Naturalmente, nadie propone retirar toda la biomasa de nuestros montes ni convertir los ecosistemas forestales en parques industriales. La biodiversidad, la conservación del suelo y el funcionamiento ecológico de los bosques exigen una gestión equilibrada. Pero precisamente por eso resulta imprescindible recuperar una gestión forestal activa, inteligente y científicamente planificada.

El problema no consiste en elegir entre conservación o aprovechamiento. El verdadero problema aparece cuando dejamos de gestionar.

También deberíamos analizar con serenidad cómo distribuimos nuestros recursos públicos. Diversos estudios sectoriales y datos presupuestarios muestran que la inversión destinada a prevención ha perdido peso relativo durante los últimos años frente al enorme coste que supone la extinción y la restauración posterior. Más allá de las cifras concretas de cada ejercicio, existe una evidencia difícilmente discutible: extinguir un gran incendio y reparar posteriormente sus consecuencias resulta extraordinariamente más costoso que reducir previamente la carga de combustible mediante actuaciones preventivas. Algunos autores como el profesor Badía de la Universidad de Zaragoza estiman que el mantenimiento preventivo de una hectárea tiene un coste de 3.000 € frente a los 30.000 que costaría apagar un incendio en esa misma hectárea; es decir, el coste preventivo es 10 veces inferior al reactivo de la extinción.

Desde una perspectiva estrictamente económica, pocas inversiones públicas presentan una rentabilidad potencial tan elevada. Desde una perspectiva ambiental, ocurre exactamente lo mismo. Y desde una perspectiva social, todavía más, simplemente, por el riesgo de vidas humanas.

Cada gran incendio destruye patrimonio natural, viviendas, explotaciones agrarias, actividad económica, biodiversidad, oportunidades para el medio rural y, en demasiadas ocasiones, vidas humanas.

Reducir este debate a un intercambio permanente de reproches políticos constituye una de las formas más estériles de afrontar un problema cuya solución exige continuidad, planificación y consenso técnico. La naturaleza no entiende de ideologías ni réditos políticos. La combustión tampoco. La física, la química y la termodinámica actúan con absoluta indiferencia respecto a quién gobierne o a qué partido pertenezca cada administración. Es la realidad de la ciencia frente al mundo imaginario de la política.

Cuando durante años acumulamos combustible en condiciones meteorológicas cada vez más favorables para la propagación del fuego, el resultado acaba obedeciendo a leyes físicas, no a discursos políticos.

Por eso el verdadero desafío no consiste en discutir si el cambio climático existe. Existe. La cuestión verdaderamente relevante es otra: ¿qué estamos haciendo, sabiendo que existe, para reducir la vulnerabilidad de nuestros montes?

Ésa es la diferencia entre la ciencia y la estulticia.

La ciencia identifica los riesgos, los cuantifica y propone medidas para reducirlos.

La estulticia consiste en conocer perfectamente el problema y seguir actuando como si cada verano nos sorprendiera por primera vez. La gestión llevada por este camino es una gestión, más que negligente, absolutamente temeraria.