El Gobierno quiere evitar deepfakes como estos
El Gobierno aprueba una ofensiva legal contra los 'deepfakes' para imponer sus límites al humor político en redes
Impulsa cambios legales para perseguir los vídeos manipulados más lesivos con la intención de proteger a las víctimas, pero la medida también busca castigar la sátira política que inunda las redes
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de ley para incluir los deepfakes dentro del catálogo de delitos contra el honor. El propósito es frenar la manipulación de imágenes y voces generadas con inteligencia artificial, cada vez más presentes en redes sociales y capaces de hacer pasar por real lo que nunca ocurrió.
Ilustración de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García
El texto, además, pretende considerar «intromisión» en el derecho al honor, la elaboración y difusión de estos montajes falsos, aunque prevé «límites» cuando la creación tenga finalidades creativas, satíricas, artísticas o de ficción. El anteproyecto también pretende reforzar la figura del consentimiento y a dar responsabilidad a las plataformas digitales en la difusión y apropiación de imágenes personales.
El arma de la viralidad
El fenómeno del deepfake no es nuevo, pero sí más fácil y barato que hace años ya que hoy basta con una herramienta de IA y unos minutos para fabricar una escena creíble, con voz clonada y gestos perfectos, y empujarla al algoritmo. En España, esto ha convertido la política en un género audiovisual propio con montajes que ya no se limitan al meme burdo, sino que imitan informaciones, declaraciones institucionales o vídeos «robados». Y no solo de los ciudadanos, los partidos políticos utilizan deepfakes para criticarse entre ellos.
No extraña que en años preelectoral y con todos los frentes judiciales abiertos, el Gobierno esté nervioso porque en redes siguen circulando piezas que parodian y reconstruyen supuestas escenas incómodas. Entre ellas, el vídeo del Peugeot donde aparece Pedro Sánchez con Koldo García o José Luis Ábalos con ánimo de ridiculizar y de recrear aquellos meses de tour del presidente del Gobierno con dos supuestos corruptos. Este tipo de contenidos, aunque nazcan como sátira, evidencian lo difícil que será trazar la frontera jurídica entre la risa, el daño reputacional y desinformación deliberada.
Qué hace Europa: tres modelos
- Francia: el Código Penal francés castiga la divulgación de un «montaje» hecho con imagen o palabras de una persona sin su consentimiento, salvo que sea evidente que lo es o se indique expresamente, y contempla penas más altas cuando se realiza por un medio online. Además, desde mayo de 2024 Francia incorporó un artículo específico para deepfakes sexualmente explícitos sin consentimiento, con agravación si se difunden en las redes.
- Dinamarca: ha optado por modificar su ley de derechos de autor para proteger «imitaciones digitales realistas» de rasgos personales sin consentimiento y permite exigir la retirada del contenido. El modelo danés introduce de forma expresa excepciones para caricatura, sátira, parodia o «crítica de poder», salvo supuestos de desinformación que puedan causar un grave peligro.
- El Reglamento europeo de IA (AI Act) ya fija una definición de «ultrasuplantación/deepfake» como contenido de imagen, audio o vídeo generado o manipulado por IA que puede inducir a error sobre su autenticidad. Esa definición empuja a los Estados a ordenar el terreno para que el ciudadano pueda distinguir lo verdadero de lo fabricado.
Libertad de expresión
El choque dependerá menos del titular político («delitos contra el honor») y más de la letra pequeña y las intenciones de un Gobierno expuesto permanentemente a deepfakes por sus excesos dentro y fuera de la política. El propio anteproyecto intenta blindar el espacio creativo al reconocer límites para obras satíricas, artísticas o de ficción, pero ese fango informativo que Sánchez tiene en el punto de mira y la propia oposición, podrían no estar protegidos.
Aun así, el riesgo existe si la frontera queda borrosa ya que la sátira política vive de exagerar y deformar, y no está sometida al parámetro de la verdad como la información. Además, la jurisprudencia europea recuerda que los políticos, por su exposición pública, deben soportar un grado más alto de crítica que un particular. Si el nuevo marco se usa para perseguir la burla al poder en vez de perseguir el engaño real que suplanta, difama o convierte en prueba un montaje, el efecto podría ser el de algo parecido a la represión de otras épocas que tanto censuran desde la izquierda.
La cuestión es si el Gobierno acierta al diseñar una ley que persiga el deepfake como herramienta de daño sin convertirlo en un atajo para castigar la sátira y la crítica incómoda. En las redes sociales, la Banda del Peugeot, La Isla de las Corrupciones o los pactos con el independentismo son el entretenimiento diario de miles de españoles que encuentran en estos contenidos la única manera de oponerse a los desmanes de sus dirigentes.