Taiwán tiende la mano a Europa para blindar el suministro de chips: qué queda del PERTE español

Taiwán quiere hacer de Europa un socio industrial en la batalla global por los semiconductores. El presidente de la isla, Lai Ching-te, ha ofrecido a la Unión Europea una «alianza estratégica» que combine el ecosistema taiwanés de fabricación de chips con las capacidades europeas de innovación, equipos, materiales y manufactura. El planteamiento llega en un momento decisivo en el que Bruselas ha presentado ya el borrador de la Chips Act 2.0, mientras España intenta convertir el PERTE Chip, aprobado en 2022 con una ambición inicial de 12.250 millones de euros, en una cartera de proyectos industriales y tecnológicos.

«Combinando nuestras ventajas y construyendo una alianza estratégica, podemos generar un valor compartido aún mayor», afirmó Lai durante el Foro de Inversión de la UE 2026, celebrado en Taipéi. El presidente taiwanés defendió que esa cooperación puede ayudar a levantar un ecosistema mundial de semiconductores «más seguro, diverso y resiliente», una expresión que resume la preocupación compartida en Occidente tras las disrupciones de suministro de la pandemia y el aumento de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China.

Taiwán concentra una parte decisiva de la producción mundial de chips de última generación gracias, sobre todo, al liderazgo de TSMC, el principal fabricante de semiconductores por contrato del mundo. Lai sostiene que esa posición se apoya en un clúster completo, rápido y flexible, construido durante décadas mediante cooperación internacional, y reivindica a Taiwán como un proveedor fiable frente a eventuales crisis sanitarias, desastres naturales o conflictos geopolíticos.

Europa sin chips

La Comisión reconoce que la Unión sigue dependiendo de terceros países en ámbitos críticos como la fabricación de chips avanzados y su diseño. La Chips Act 2.0, propuesta el pasado 3 de junio, pretende reforzar la producción de semiconductores convencionales y de vanguardia, reducir dependencias estratégicas y corregir vulnerabilidades de la cadena de suministro. Se trata de una propuesta de la Comisión que todavía debe negociarse y aprobarse en el Parlamento Europeo y el Consejo.

Sin semiconductores, Europa difícilmente podrá aspirar a una autonomía tecnológica real en IA

La nueva norma sustituiría el marco de la primera Ley Europea de Chips, aprobada en 2023, y añade presión para que Europa pase de los anuncios a las instalaciones productivas, el diseño propio, los materiales, el empaquetado avanzado y la formación de talento. La Comisión vincula además esta política de chips con su estrategia para la inteligencia artificial, la nube y el software de código abierto. Sin semiconductores, Europa difícilmente podrá aspirar a una autonomía tecnológica real en IA, defensa, automóvil conectado, telecomunicaciones o centros de datos.

El mejor ejemplo de que la relación entre Taiwán y Europa ya ha superado la fase diplomática es Dresde, en Alemania. Allí, la empresa European Semiconductor Manufacturing Company, participada por TSMC, Bosch, Infineon y NXP, construye la primera fábrica europea de la compañía taiwanesa. El proyecto supera los 10.000 millones de euros, contempla la creación de unos 2.000 empleos y mantiene el objetivo de iniciar la producción a finales de 2027. Alemania ha comprometido hasta 5.000 millones de euros de apoyo público para la iniciativa.

La fábrica de Dresde fabricará chips relevantes para sectores industriales como el automóvil, la electrónica de potencia y la industria. Esto permitirá situar en suelo europeo capacidad de producción, conocimiento y proveedores que hasta ahora estaban concentrados en Asia. Para Taiwán, supone diversificar riesgos; para Europa, asegurar una parte de su abastecimiento sin romper las cadenas de valor globales.

PERTE Chip

España partió en 2022 con una promesa notable. El Consejo de Ministros aprobó entonces el PERTE Chip con una inversión pública prevista de 12.250 millones de euros hasta 2027, destinado a reforzar las capacidades nacionales de diseño y producción, y a contribuir a la autonomía estratégica española y europea. Cuatro años después, la respuesta a si el plan se ha materializado hay que matizarla porque sí existen proyectos, convocatorias y financiación adjudicada, pero no se ha convertido en una gran fábrica de obleas comparable a la de Dresde ni en un polo industrial de producción masiva de chips avanzados.

Las iniciativas ejecutadas se concentran principalmente en diseño, materiales, ciberseguridad, componentes especializados e investigación. En la segunda convocatoria del PERTE Chip, el Ministerio de Industria adjudicó provisionalmente 53,2 millones de euros a 37 proyectos en once comunidades autónomas. Entre ellos figuran ayudas para desarrollar transistores en Barcelona, materiales estratégicos para semiconductores en Cantabria, herramientas de computación para optimizar microelectrónica en Guipúzcoa o tecnologías vinculadas a defensa y aeronáutica.

El Gobierno ha seguido alimentando esa vertiente de I+D. El BOE publicó en junio una subvención de hasta ocho millones de euros para la Fundación IMEC Spain, creada en 2026, con el objetivo de investigar materiales disruptivos, óptica plana e integración de sistemas para sensado, percepción y hardware de inteligencia artificial seguro. El proyecto puede extenderse, como máximo, hasta diciembre de 2030.

España, por tanto, sí ha avanzado desde el anuncio inicial, pero lo ha hecho sobre todo en la construcción de capacidades tecnológicas y científicas. La diferencia respecto a Alemania es que: mientras Dresde levanta una fábrica respaldada por TSMC y grandes grupos europeos, el PERTE español ha derivado en una red de proyectos más dispersa y de menor escala, centrada en nichos de la cadena de valor. Esa especialización puede ser útil porque nadie construye una industria de chips desde cero en pocos años, pero obliga a moderar el relato de la soberanía tecnológica que tanto le gusta al Gobierno de Sánchez.

La oferta de Lai coloca esa realidad bajo una nueva luz. Si Europa pretende reducir su exposición a Asia, necesitará precisamente a Taiwán para hacerlo en el corto y medio plazo. Y si España quiere ocupar una posición visible en ese nuevo mapa, deberá transformar las ayudas en capacidades industriales permanentes, atraer inversión privada y conectar sus centros de diseño e investigación con la producción europea. Dresde ya ha puesto la primera piedra; el reto español es evitar que el PERTE Chip se quede únicamente en una suma de convocatorias.