
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
El enésimo choque del campo con Yolanda Díaz: «Si la subida del SMI fuera al trabajador no habría problema»
El sector agrario lamenta que el incremento de 50 euros tendrá un coste de 80 y denuncia que se ha vulnerado la negociación colectiva
Las relaciones entre los empresarios y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, brillan por su ausencia. El diálogo de la vicepresidenta segunda del Gobierno se centra en los sindicatos y omite la negociación con los responsables de generar empleo y riqueza, que se ven resignados a acatar las decisiones impuestas sin consulta previa desde el Gobierno.
El último ejemplo de este caso es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), una de las medidas estrella que ha llevado Díaz por bandera y que incluso ha generado un estruendoso conflicto con su socio de gobierno, el ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo, antes de llegar al Consejo de Ministros de este 4 de febrero.
Una de las voces que más ha replicado por la subida de SMI –al igual que con la reducción de jornada– ha sido la del campo, que denuncia una escalada excesiva y veloz.
«Desde 2016, cuando el SMI quedó fijado en 655 euros hasta hoy que asciende a 1.134 y que con el último incremento alcanzará los 1.184 euros, el sector ha soportado una subida global del SMI del 80 %, sin que se hayan previsto compensaciones o bonificaciones que alivien las cargas sociales que asumen los empresarios», explica en conversación con El Debate Juanjo Álvarez, director de Asaja.
«Se está vulnerando la negociación colectiva. El salario nos lo imponen por decreto. ¿Qué vamos a negociar en los convenios colectivos?», añade.
Junto con la sequía y las cargas burocráticas, el ascenso de los costes de producción es uno de los principales obstáculos a la viabilidad de las explotaciones.
«Se lo hemos dicho a la ministra Díaz en varias ocasiones. Estas subidas incrementan los costes laborales de nuestras explotaciones. Entre los 1.184 euros que va a ganar un trabajador y los 1.903 euros que le va a costar al empleador hay una cantidad muy importante. Si la subida fuera para el trabajador no habría problema, ya que se puede tirar de esa tajada que se lleva el Estado. De ahí seguro que se pueden sacar 50 euros. Hay 720 euros que se pierden por el camino», asevera Álvarez, que concreta que el incremento tiene un impacto 80 euros por trabajador para el empresario.
El representante de la organización agraria mayoritaria en España destaca que el campo está a favor de que haya un SMI en condiciones para llegar a la media europea: «De lo que estamos en contra es de sostener nosotros toda esta carga. Si hay unas compensaciones para hacer frente a esta subida, adelante, porque si no se complica nuestra supervivencia».
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector agrario ha perdido 75.000 explotaciones entre 2010 y 2020. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) subraya la caída del empleo agrícola, en el nivel más bajo desde 2005, cuando empieza la estadística.
«Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2024, el empleo agrícola cayó 10,1 % (119.500 empleos menos), mientras que los demás sectores crecieron (+6,7 % la Industria, +16,4 % la Construcción y +14,5 % los Servicios, donde se incluye el sector público). Esa caída del sector agrícola, en parte, tiene que ver con el SMI», apuntan fuentes de Cepyme.
Álvarez acusa al Ministerio de Trabajo de despreocuparse por el campo: «Desde la famosa reforma laboral que vendieron a bombo y platillo no contemplaba la temporalidad y fue dañina hasta las subidas de salarios reiteradas desde 2019, por no hablar de la reducción de jornada que va a ser una catástrofe».
Trabajo se ha apoyado recientemente en los datos de afiliación a la Seguridad Social para ganar crédito por su acción; sin embargo, el director de Asaja retrata las cifras: «Dicen que sube la afiliación un 14 % en el campo respecto a diciembre de 2023, pero si uno coge los valores totales la realidad es distinta: hay 120.000 trabajadores agrarios menos que entonces», concluye Álvarez, que atribuye a este tipo de decisiones la destrucción de empleo en el campo y la crisis del relevo generacional.