Balón de oxígeno para el porcino: el Ministerio recula con su decretazo de bienestar animal

Los productores de porcino de España respiran aliviados. El Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal impuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuya entrada en vigor se produjo este domingo 9 de marzo tendrá la moratoria de 1 año exigida por los ganaderos.

El cambio de opinión del Gobierno se produce después del grito de auxilio de los ganaderos, que denunciaban que durante la negociación no se tuvieron en cuenta sus reclamaciones se sentenciaba su actividad.

Los ganaderos de porcino han intensificado en las últimas semanas su rechazo contra el decreto de bienestar animal que modifica las condiciones de las granjas y el manejo de los animales y aumenta los valores en relación con las superficies de suelo libre mínimas disponibles. Es decir, entre otras cosas, implicaba más superficie por animal, por lo que se perdería rentabilidad.

Según los cálculos de Asaja, esta ordenanza supondría perder 1,6 millones de cerdos y 160.000 toneladas de carne solo en Huesca y Lérida.

Sin margen para modificar la normativa y llevar a cabo su variación en el Consejo de Ministros, el sector se ha agarrado a la solicitud de una moratoria de un año, ya que, al no concederse, desde este 9 de marzo los productores se exponían a sanciones.

El Ministerio que encabeza Luis Planas ha comunicado que abre a consulta pública el Real Decreto del Porcino 159/23, lo que según han informado fuentes del sector es el paso previo para que el 18 de marzo, y de manera retroactiva hasta el 9 de marzo de 2026, se apruebe la ansiada moratoria.

La decisión se ha recibido como un balón de oxígeno en las explotaciones, que de esta manera no tendrán que adaptar desde ya sus negocios.

La normativa incluía destinar un 2,5 % de la superficie a zonas de observación y aislamiento, instalar aparatos de medida, el registro de concentración de determinados gases o el establecimiento de nuevas condiciones respecto a su alimentación, agua, comederos y condiciones ambientales.

Asimismo, los cambios en el espacio de manejo entre animales (14 % más), dependiendo de cómo se interpreten las décimas por explotación, podían representar pérdidas de alrededor de 250 plazas en una granja de 2000 animales. Los ganaderos anticipaban una pérdida del del 10 al 15 % solo por la normativa que se sumaría a la merma del 10,0 % entre 2020 y 2023 señaladas recientemente por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en su Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas.

Los ganaderos cifraban la afección en unos 150 millones de euros e indicaban que el problema sacudiría solo a la rentabilidad de las explotaciones, sino para toda la cadena. "España es un importante exportador de porcino que tiene compromisos con otros países. Los mataderos nos han trasladado su preocupación porque ven difícil cumplir con los que está firmado. No podemos perder los clientes y la fuente de riqueza, pero es que además damos la impresión de ser un país sin seguridad jurídica y eso a futuro es gravísimo», aseveró Ramón Solanilla el secretario general de Asaja Huesca.

Desde ASAJA Huesca y ASAJA Lleida, se contempla con cautela, pero positivamente esta moratoria de un año, cuando se publique, tendrá efecto retroactivo. «Durante este periodo de tiempo esta organización agraria espera su modificación, no siendo más restrictivo que la directiva europea», concluyen.