El callejón sin salida para el Gobierno con los fertilizantes: sancionar a Putin o defender al campo

La propuesta de la Comisión Europea para imponer trabas a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia vuelve a poner la pelota en el tejado del Gobierno de España. La Administración liderada por Pedro Sánchez tendrá que elegir este viernes 14 de marzo entre las siguientes opciones: aceptar la posición de la Comisión que los productores españoles rechazan o votar en contra y alinearse con el clamor que llega desde el campo.

La institución, en el marco de apoyo a Ucrania por la invasión de la Rusia de Vladímir Putin, tiene la intención de desplegar una línea arancelaria a los fertilizantes rusos y bielorrusos que, según calcula Asaja, podría encarecer entre 40 y 50 euros por tonelada el coste para los agrarios.

«Según el tipo de fertilizante, se podrían alcanzar niveles desde los 315 hasta los 430 euros por tonelada. Esto supondría un incremento de hasta el 100 % en términos ad valorem, lo que se traduciría en una presión financiera insostenible para los agricultores europeos», indica la organización profesional agraria

La medida promovida por la Comisión ha sido recibida a pie de cultivo como una piedra más a su actividad. Los agricultores consideran que, por enésima vez, el campo ha sido utilizado como moneda de cambio. Esta reclamación se ha producido en otras decisiones de la UE que han encontrado una confrontación brutal desde el sector primario, como el mantenimiento del acuerdo de libre comercio con Marruecos pese a la condena de la Justicia Europea a la explotación agrícola de terrenos saharauis o con la alianza con Mercosur.

«Se trata de una situación muy preocupante; más aún teniendo en cuenta que la UE carece de fuentes propias de fosfatos minerales y fosfóricos, lo que hace que dependa en gran medida de importaciones de países africanos y de Rusia. Imponer aranceles sin garantizar una alternativa viable y competitiva dejaría al sector agrario en una situación de vulnerabilidad extrema», condena Asaja, que ha enviado una carta al presidente del Gobierno reafirmando su posición y solicitando que España vote en contra de la propuesta.

La cuestión arancelaria sobre los fertilizantes rusos y bielorrusos es especialmente sensible en Castilla y León. La región que se distingue como el granero de España ha sufrido especialmente las consecuencias de la guerra en Ucrania, ya que desde su inicio las importaciones procedentes de Kiev se han triplicado y Ucrania se ha convertido en el primer proveedor de cereal de España.

Los productores españoles lamentan que, por un lado, aumentan los insumos y por otro se hunde el precio del cereal nacional, lo que deja aleja la rentabilidad de las explotaciones y provoca que cada vez haya menos hectáreas en producción.

Este escenario arrincona al Gobierno, que tiene en su mano dar un golpe de mano en su estrategia de defensa del campo y contradecir la intención europea para formar parte de una minoría de bloque que rechazaría la propuesta. Para ello se necesitarían al menos cuatro países que representasen un 35 % de la población del bloque comunitario. Fuentes de Bruselas consultadas por El Debate destacan el hermetismo respecto al tema: «Lo están tratando en las esferas más elevadas, presidentes del Gobierno y jefes de Estado, pero no ha trascendido nada».

Asaja apuesta por otras prácticas al entender que la propuesta de la Comisión solo generará más inestabilidad. «Hay alternativas que sí contribuirían a garantizar la competitividad del sector agrícola europeo. Entre ellas, la eliminación de los derechos antidumping sobre las importaciones de nitrato de amonio y mezclas de urea y nitrato de amonio originarias de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, lo que permitiría un acceso más competitivo a estos insumos esenciales», apunta la organización, que urge modificar la Directiva sobre Nitratos para permitir el uso de fertilizantes de origen ganadero.

«Detrás de esta decisión se esconde una cuestión aún más fundamental: el futuro de la agricultura europea y la seguridad alimentaria de la UE. Además de exigir al Gobierno de España que rechace firmemente esta propuesta, confía en que el nuevo comisario de Agricultura, Christophe Hansen, y la vicepresidenta española, Teresa Ribera, actúen con rapidez en el seno del Colegio de Comisarios para encontrar soluciones reales que eviten una nueva crisis agrícola», concluye Asaja.