Nuevo frente de batalla para combatir 20 años de plaga de conejos

La plaga de conejos que arrasa con los cultivos hace tiempo que ha dejado de ser un problema localizado en una sola comarca.

Agricultores de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana e incluso Murcia han denunciado los destrozos de una especie cuyas dimensiones sorprende a los que están acostumbrados al tradicional conejo de monte.

Trigos, cebadas, triticales y colzas se convierten en el alimento preferido de esta hibridación que hace de los márgenes de las carreteras y las vías ferroviarias un hogar seguro. Allí no llegan los depredadores ni está permitida la caza, por lo que el conejo cría y campa a sus anchas para luego asaltar las tierras de labor del campo.

La emergencia cinegética declarada en cientos de municipios y la urgencia con la que claman los agrarios ha quedado sin efecto hasta el momento, ya que el herbívoro cada vez está presente en más regiones. 20 años después de sufrir las primeras consecuencias de esta invasión, los productores de Castilla-La Mancha abren un nuevo frente de batalla para combatir la plaga de conejos.

La delegación de Asaja en la región castellanomanchega, a la desesperada, ha acudido a la vía jurídica para tratar de poder reclamar los daños ocasionados en el campo por el conejo durante cerca de dos décadas.

«La solución jurídica que buscamos es conseguir una sentencia declarativa. Es decir, que un juez diga en una sentencia que las administraciones públicas competentes tienen que hacerse cargo de la limpieza de las infraestructuras y de los daños producidos por la superpoblación de conejos, tal y como dice la norma, que apunta a los propietarios de estas infraestructuras», explica en conversación con El Debate Manuel Torrero, vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha.

La organización busca una herramienta jurídica para que los agricultores pueda presentar una reclamación patrimonial por unos daños que llevan padeciendo 20 años. «La idea es que se genere un precedente jurídico que evite tener que entrar en un proceso jurídico incierto en el que la Administración siga como hoy, saliendo por las ramas», se queja Torrero, que precisa que este voraz conejo es una subespecie que ha surgido de la hibridación entre dos especies silvestres.

El dirigente de Asaja alude a que los afectados ya han recurrido a todos los medios para afrontar esta plaga: «Lo que queda por hacer es que los propietarios de las infraestructuras ejecuten realmente un control efectivo, que limpien como corresponde los márgenes donde se localizan las madrigueras y que vallen como es debido para impedir el salto de los conejos a los cultivos».

La emergencia cinegética declarada en cientos de municipios se ha demostrado insuficiente: Castilla-La Mancha incluyó en su declaración de comarca cinegética 96 municipios en 2016, en 2020 fueron 280, en 2021 fueron 295, y este año 308. «Al criarse una cantidad elevada de conejos en espacios tan localizados, los individuos que quedan son más resistentes a las enfermedades que podrían controlar la población de manera natural», asevera Torrero, que califica como «insostenible» la población de conejos.

Los agricultores condenan las respuestas del gobierno autonómico, que rechaza la compensación de los daños producidos al contar en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una partida de subvenciones a la suscrición del seguro agrarios.

«Los seguros imponen franquicias y aplican reducciones cuando se registran siniestros de forma consecutiva, lo que provoca que las indemnizaciones que reciben los agricultores sean irrisorias y, a partir del cuarto año, desaparezcan por completo. Tras 20 años de sobrepoblación de conejos, no existe una sola explotación sin daños recurrentes ni un solo agricultor que haya sido compensado de forma justa», lamentan en la organización.

Asaja Castilla-La Mancha inicia un nuevo camino para acabar con la plaga de conejos que devora sus campos con la esperanza de cambiar la tendencia de las últimas dos décadas. «No sabemos los plazos, pero es un paso necesario. Ya más no podemos hacer», concluye Torrero.