Granja de cerdos
La guerra de Bruselas contra el coche eléctrico chino 'atropella' al cerdo español
La bofetada de China a la Unión Europea por los obstáculos de entrada al coche eléctrico en el mercado comunitario se ha hecho sentir en las explotaciones de porcino europeas.
Casi un año después de que la UE aplicara aranceles de hasta el 45,3 % a los coches eléctricos importados desde China, el gigante asiático ha levantado barreras que sacudirán al sector agroalimentario del viejo continente.
El cerdo español se une a la lista de productos víctima de la investigación antidumping de China, que acusa de esta manera a los productores europeos de competencia desleal para lastrar una importante fuente de riqueza y aumentar la presión en Bruselas.
A partir del miércoles 10 de septiembre, China gravará con aranceles antidumping provisionales de entre el 15,6 % y el 62,4 % las importaciones de carne de cerdo procedentes de la UE.
La medida zarandea al campo español solo unos días después de la ratificación del acuerdo de libre comercio con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil), una de las derrotas recientes por las que más se lamentan los agrarios. «El trueque coches por cerdos no tenemos claro que vaya a salir bien. A nuestros productores se les agota la paciencia porque es que es una detrás de otra», critica Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.
China es el principal mercado de destino para la carne y subproductos del porcino español. En 2024, las exportaciones hacia este país alcanzaron las 540.000 toneladas, con un valor superior a los 1.097 millones de euros, lo que representa casi el 20 % del volumen total exportado y el 12,5 % del valor de las ventas exteriores del sector.
«Una vez más, nuestros agricultores y ganaderos son usados como moneda de cambio en disputas que nada tienen que ver con su actividad productiva. Un conflicto ajeno al sector se ha convertido en una carga que recae injustamente sobre quienes producen nuestros alimentos», condenan desde Asaja.
El informe preliminar de las autoridades chinas aplica una tasa de garantía del 20 % a las empresas españolas, lo que pese a suponer la menor cuantía de toda la UE choca con los intereses de los ganaderos nacionales. «La Comisión está dejando a la agroalimentación entre las últimas de sus prioridades. En el contexto actual, por temas políticos o industrias que no dependen de los productores, los mercados se cierran y las alternativas se agotan», lamentan en Unión de Uniones.
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha indicado que las empresas españolas sufrirán menos represalias que fuertes competidores como los alemanes, daneses o neerlandeses gracias a «la coordinación con las empresas y a las excelentes relaciones de confianza con las que trabajan con los operadores de ese país»; sin embargo, los ganaderos españoles consideran que no pueden seguir siendo víctima de circunstancias ajenas a su actividad. «Es inaceptable que nuestras exportaciones sufran sanciones por causas que nada tienen que ver con su calidad, sostenibilidad o competitividad, reafirman en Asaja: »El sector no está dispuesto a pagar el precio de disputas comerciales que no le pertenecen".
El movimiento de China ha sorprendido a los productores españoles, que después de ver extendido el plazo de investigación el pasado junio transmitían serenidad: «Hay que estar tranquilos. La investigación continúa pero todo parece que va dentro de lo normal y así lo demuestran los datos con el aumento de las exportaciones. Cada vez se abren más puertas y eso es porque se hacen las cosas bien. No hay competencia desleal por ningún lado», apuntaba entonces Jaume Bernís, responsable de porcino en COAG y representante en Copa-Cogeca, en conversación con El Debate.
El foco se sitúa ahora sobre la Comisión Europea, que ha asegurado este viernes que tomará «todas las medidas necesarias» para defender los intereses de los productores e industria europea.
«Estudiaremos los detalles y decidiremos los siguientes pasos, pero puedo afirmar categóricamente que tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestros productores y a nuestra industria», aseveró el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gil.