El golpe maestro de los salvadores del olivar en su macrocausa contra la invasión de placas solares

El panorama que viven los olivareros de la Campiña norte de Jaén ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos.

Todo lo que rodea al entorno, hogar de olivos centenarios, ha sufrido alteraciones de relevancia en apenas un año. De una vida cotidiana dedicada principalmente a la agricultura al terremoto provocada por la llegada de la empresa Greenalia, que irrumpió en el terreno con nueve proyectos fotovoltaicos sobre suelo agrícola productivo en los términos municipales jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo.

El desembarco de la energética amenazó la supervivencia de 100.000 olivos, según denuncian los grandes opositores a estas instalaciones, que claman desde hace meses contra el despliegue «desordenado y especulativo» de estas infraestructuras en el suelo agrícola de toda España.

SOS Rural, «un movimiento nacional cuyo objetivo es poner en valor la actividad productiva y social del medio rural», encabeza junto la Asociación Ecología y Libertad unas acciones que ya han dado sus primeros frutos para evitar expropiaciones forzosas y la sustitución de olivos productivos por placas solares.

El Ayuntamiento de Lopera ha confirmado que no otorgará licencias de obra de los proyectos fotovoltaicos que afectan a su término municipal, tanto en campos de placas solares, como en líneas de evacuación y en líneas de alta tensión mientras no se resuelvan los recursos de revisión que ponen en duda la legalidad de los mismos. Este giro de guion es consecuencia directa de los logros de SOS Rural y Ecología y Libertad en vía administrativa y judicial.

La alianza defensora del olivar denunció que el fraccionamiento ilegal de un megaproyecto en varios, todos con una potencia instalada de menos de 50 MW, buscaba evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial e incurre en un fraude de ley para simplificar los trámites de realización, algo que sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 15 de julio.

Esa victoria –respaldada hasta el momento con más de 140.000 firmas– aumentó la presión hacia los 29 ediles de los tres municipios. «Las acciones legales emprendidas han sido fundamentales, pero la presión social y mediática ha sido la clave para acompañar esos avances», apunta en conversación con El Debate Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, que subraya que estos responsables políticos municipales se han dado cuenta de lo que puede suponer permitir que Greenalia sustituya olivos por placas solares.

«Si los alcaldes y concejales de Lopera, Arjona y Marmolejo siguen adelante con las concesiones de licencias se exponen a que Greenalia exija responsabilidad patrimonial a los ayuntamientos por autorizar algo que el TSJA ha declarado ilegal. Las promotoras de los proyectos ejercerán una acción por responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento cuando se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales», apunta Corbalán.

La portavoz de SOS Rural incide en cómo, junto con el esfuerzo de Plataforma Campiña Norte STOP megaplantas solares, han cambiado la situación en Lopera, Arjona y Marmolejo: «Hemos trastocado la estrategia de Greenalia por completo. Hay que tener en cuenta que los inversores que están detrás de la construcción de estas infraestructuras ven que su proyecto, por el que pretendían obtener una rentabilidad y un retorno en un período de tiempo concreto, ven que el asunto se puede eternizar y que seguro va a requerir más inversión. Ahora tienen menos certeza que hace un año y eso les puede ahuyentar».

El hecho de que la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres (PSOE), haya firmado este frenazo a los planes de Greenalia representa un golpe maestro para los que se han erigido como salvadores del olivar. «La alcaldesa estaba informada de todo cuando llegó al cargo, aunque era una cuestión que dejó preparada su predecesora, Isabel Uceda, ahora diputada de medio ambiente y lucha contra el cambio climático en la Diputación de Jaén. Uceda vendió los intereses de su pueblo a Greenalia y Torres, que ahora está entre lo que le ordenan sus superiores y la voluntad del pueblo, ha dado un volantazo hacia lo segundo», celebra Corbalán, que insiste en la fuerza de la sociedad, además del poderío de las posibles repercusiones legales.

«Esto es una victoria de la sociedad civil organizada. En España no estamos acostumbrados a que la sociedad se movilice de forma seria y coordinada y creo que SOS Rural es un ejemplo de que si crees en lo que defiendes y lo haces bien se pueden arrinconar las imposiciones políticas», asevera Corbalán, que advierte de importantes novedades en la causa en los próximos tres meses.