Las comunidades autónomas denuncian al Gobierno en la UE tras sus excusas para incumplir la ley sobre el lobo

Siete comunidades autónomas impondrán una denuncia al Gobierno de España ante la Comisión Europea tras las evasivas del Ejecutivo para presentar el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie.

Castilla y León, Cantabria, Galicia, Comunidad de Madrid, Aragón, País Vasco y La Rioja han anunciado esta acción legal después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se escudase en que no ha enviado «por el momento» el documento por «criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica». «En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente», señalan a Europa Press fuentes del organismo.

España solicitó a comienzos de agosto una ampliación del plazo de entrega, que fue aceptada por la Comisión Europea, y dispone de dos meses para completar el proceso y solventar la situación, incluida la eventual apertura de un expediente.

«El Ministerio ha optado por priorizar la calidad técnica del informe, el respeto al marco legal vigente y la defensa de la posición de España ante la Comisión Europea, frente a un envío apresurado que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la credibilidad de los datos aportados», ha indicado el Gobierno.

Estas explicaciones han sido desestimadas por las regiones loberas, que entienden que se trata de una maniobra del Gobierno para para evitar la aplicación de la disposición transitoria única que permitiría la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y permitiría su caza en todo el territorio nacional y no solo al norte del río Duero, como sucede actualmente.

La consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, hizo de anfitriona en la reunión que congregó a representantes de los gobiernos de País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León y en la que se precisó que «nadie quiere acabar con el lobo», tal y como defendió Susinos, que reclamó herramientas para «convivir con él, pero su número está haciendo insostenible la ganadería extensiva».

El documento ha sido respaldado por los gobiernos regionales Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es decir, todas las comunidades excepto Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha.

Las comunidades piden de forma inmediata una conferencia sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, que el Gobierno cumpla sus obligaciones con la Comisión Europea y remita de forma urgente el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie y que transfiera a los Ejecutivos autonómicos los fondos establecidos en la estrategia nacional de gestión de ese animal. Al encuentro habían sido invitadas todas las comunidades y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que no ha asistido

Casi un año después de que el Congreso diera el visto bueno a la rebaja de la protección del can el 20 de marzo de 2025, las explotaciones de provincias como Ávila, Salamanca o Segovia, que en 2024 sufrieron el 60 % de ataques mortales a reses en Castilla y León –2.387 de 3.973 en toda la región–, permanecen indefensas ante el Canis lupus Linnaeus 1758 al estar al sur del río Duero.

La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales Agrarias sostienen que en 2024 un total de 5.985 cabezas de ganado murieron por ataques de lobo. Se trata de una cifra récord en Castilla y León, la región más afectada por el impedimento de gestión al sur del río Duero.

Estos datos representan un incremento de prácticamente un 40 % de las cabezas de ganado muertas respecto a los datos de 2021, año en el que el lobo entró en el Lespre.

Según los últimos datos oficiales del Gobierno, el censo nacional de 2025 contabilizó 333 manadas, lo que supone un incremento del 12 % respecto al recuento anterior de 2014, aunque aún por debajo del umbral mínimo de 500 manadas que la comunidad científica considera necesario para garantizar la viabilidad genética de la especie. Fuentes de Transición Ecológica incidieron en que el lobo está en estado desfavorable en España y por tanto «no puede haber controles letales de la especie», remitiéndose al criterio de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

El número de ejemplares se estima entre 1.300 y 1.900 individuos, concentrados principalmente en las comunidades del norte del Duero —Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria—, aunque se han detectado nuevas manadas en regiones como Extremadura, donde no se registraban desde hace décadas.