El Gobierno gastó 20 millones para indemnizaciones por daños del lobo en el programa del coche eléctrico

Un documento enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados revela un cuantioso traspaso de fondos previstos para indemnizaciones por daños producidos por el lobo ibérico y que finalmente se han destinado a engrosar el programa de ayudas para fomentar la venta del coche eléctrico.

Según el informe de transferencias perteneciente al ejercicio presupuestario de 2025, el Ejecutivo trasladó un total de 20 millones de euros de partidas para las comunidades autónomas fijadas para «paliar daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva» y para «medidas preventivas en la gestión del lobo ibérico» a aumentar la dotación económica del Moves III, un sistema de incentivos para la adquisición del coche eléctrico.

Los 20 millones de euros arrebatados a los ganaderos se reparten en 9,5 millones presupuestados «Para comunidades autónomas para paliar daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva» y 10,5 millones de euros «Para comunidades autónomas para realizar medidas preventivas en la gestión del lobo ibérico».

Esta jugada del Gobierno, concretada mediante una «Transferencia de crédito» de acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de Hacienda del 3 de diciembre de 2025, se conoce casi un año después de que el Congreso aprobase la rebaja de protección del depredador, incluido en en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario impulsada por el PP en el Senado abrió el camino para el cambio de estatus del depredador, que tras la modificación de la Directiva Hábitats desde el Consejo de la UE y el visto bueno del Congreso se puede gestionar al norte del río Duero, aunque su protección al sur del Duero se mantiene mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no aplique la disposición transitoria única que permite el cambio de realidad con el lobo.

Entre las irregularidades cometidas desde el Gobierno respecto a esta problemática destaca el retraso en el envío del informe sexenal obligatorio sobre el estado de conservación del lobo, motivo por el que la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España.

Milagros Marcos, portavoz del PP para la UE, remitió a Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, la documentación firmada por las comunidades autónomas para denunciar esta situación ante la institución del viejo continente.

Según apuntan los populares, la resistencia del Gobierno a aplicar la ley se fundamenta en que el informe sexenal obligatorio sobre el estado de conservación del lobo apunta a una situación favorable, motivo por el cual no se ha convocado la Conferencia Sectorial del lobo. La oposición señala que la estrategia del Ministerio responde a «una jugada de trileros» para escapar al control presupuestario y que va en contra del propio espíritu de la Ley General Presupuestaria (LGP).

«Los ganaderos pagan doblemente, primero con sus rebaños, sin ayudas, y después, como todos, pagaran la sanción europea por el trilerismo ideológico del Gobierno», indican en la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, donde recalcan que el Gobierno de Sánchez «no solo incumple la normativa nacional y europea para permitir a las comunidades autónomas controlar los lobos, sino que además se queda con el dinero de los ganaderos que han perdido sus rebaños por ataques del lobo».

El Ejecutivo arguye en que la solicitud de aplazamiento para la remisión del informe sexenal responde a la voluntad de cuantificar el posible impacto de los incendios de agosto de 2025 en la cifra de lobos; sin embargo, la fecha de cierre del documento pendiente es el 31 de diciembre de 2024.

Camino de cumplirse un año de del logro que ponía a tiro la caza del lobo en provincias como Ávila, Salamanca o Segovia, que en 2024 sufrieron el 60 % de ataques mortales a reses en Castilla y León –2.387 de 3.973 en toda la región–, los ganaderos del sur del Duero no solo no pueden proteger a sus animales del depredador, sino que constatan que 20 millones de euros previstos para indemnizaciones y medidas preventivas por daños de lobo se han empleado en engordar el programa de incentivos de compra del coche eléctrico.