La tasa verde impuesta por la UE al fertilizante se come el 10 % del presupuesto actual de los agricultores

La pérdida de competitividad arrincona a los agricultores del viejo continente. El complejo contexto geopolítico actual condiciona el rumbo de la Unión Europea (UE), que focaliza sus directivas en prioridades como la defensa de sus fronteras y el establecimiento de alianzas con terceros países.

La segunda de estas decisiones genera una importante merma de valor en las producciones agrarias, que denuncian un hundimiento de los precios en origen ante la llegada de productos extracomunitarios que distorsionan el mercado al crear un escenario de sobreoferta artificial.

La queja del campo apunta a la competencia desleal que ejercen estos países ajenos a la UE, que aprovechan una situación de costes laborables y legislación sobre materias activas favorables que les permite incrementar su rentabilidad frente a las explotaciones sujetas a la estricta normativa europea.

Estos factores resultan trascendentales para la viabilidad de los cultivos, sometidos desde el 1 de enero de 2026 a una medida impuesta por la UE para contener las emisiones de carbono de las industrias que encarece su mantenimiento

La entrada en funcionamiento del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM por sus siglas en inglés), una herramienta que fija un precio al carbono emitido durante la producción de mercancías, ha provocado un alza directo en el precio de los fertilizantes. Prácticamente en coincidencia, los abonos sufren una crisis total tras el estallido de la guerra en Irán y la previsión es que en 2026 estos precios aumenten de media un 15 % solo por este motivo.

El comienzo del Ajuste en Frontera se ha hecho notar desde el primer instante: solo en enero la importación de fertilizantes nitrogenados a la UE cayó un 80 %. Cuatro meses después de la entrada en vigor de esta tasa enmarcada en el Pacto Verde, los agrarios anticipan un golpe letal para sus expectativas de rentabilidad.

Copa-Cogeca, la organización europea que agrupa las cooperativas y entidades agrarias, cuantifica el impacto de esta normativa que teóricamente nació con el objetivo lastrar a las industrias emisoras de gases de efecto invernadero que trasladan su infraestructura fuera de la UE para huir de la burocracia europea y que ha desencadenado en una reducción de la competitividad frente a productores de terceros países: «El coste del CBAM podría alcanzar los 39.000 millones de euros en siete años, lo que equivale aproximadamente al 10 % del presupuesto actual de la PAC en ese mismo periodo».

Según la estimación del Copa-Cogeca, el coste directo para los agricultores por el Mecanismo de Ajuste en Frontera se estima en 820 millones de euros en 2026, alcanzando los 3.400 millones en 2034, lo que supondría unos 12.000 millones de euros en siete años. «Si se tiene en cuenta la posible alineación de precios por parte de los productores europeos, el impacto total podría elevarse hasta los 39.000 millones de euros. Este escenario refleja un aumento significativo de los costes para los agricultores europeos», señala la organización, que alude al efecto tijera que padecen los agrarios cuando los costes de producción aumentan y los precios agrícolas se mantienen.

Alrededor del 30 % de los fertilizantes nitrogenados utilizados en la UE son importados, por lo que los agricultores solicitan la suspensión inmediata del CBAM, ya que además de esta costosa implementación afrontan una grave crisis en los fertilizantes fruto del conflicto en Oriente Medio.

Los agrarios exigen la suspensión del mecanismo y la adopción de medidas a largo plazo para compensar los costos relacionados con el CBAM para los agricultores. Además, solicitan que se aclare plenamente cómo se redistribuirán los ingresos del CBAM dentro de la UE y advierten del riesgo que supone «tanto para la seguridad alimentaria de la UE como para la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura europea» que los precios de los fertilizantes estén cada vez más expuestos a cargas adicionales impulsadas por políticas.