El Tribunal de Cuentas cifra en millones el despilfarro de Ciencia por el abandono y vandalismo en sus edificios

Millones de euros despilfarrados y deficiencias en la gestión. Estas son varias de las conclusiones que se pueden sacar de la Memoria Anual 2025 publicada por el Tribunal de Cuentas. Tal como detalla este documento en su cuarto anexo –haciendo referencia a informes, mociones y notas presentados en la Comisión Mixta–, se fiscalizó la gestión y uso de inmuebles del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades –dirigido por Diana Morant– durante el ejercicio correspondiente al 2022.

Tal como se puede observar en el informe, la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE) no llevó a cabo de manera activa las tareas de control y seguimiento de los bienes inmuebles adscritos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

«En el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación no se han aprobado los programas anuales de optimización del uso de edificios y en dos de sus organismos adscritos se han observado ineficiencias en relación con cuatro inmuebles que después de muchos años siguen sin solventarse», detalla el informe.

Esta última demanda del Tribunal de Cuentas se centra en el Informe de Fiscalización de la gestión y uso de los bienes inmuebles adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación referente al ejercicio 2022 –y aprobado por el Pleno del Tribunal en septiembre de 2024–. En esta ocasión, se señaló el caso concreto del Edificio Ignacio Bolívar, situado junto a la estación de Navacerrada (Madrid) y adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como ejemplo de infrautilización. Según el informe, el inmueble ha permanecido durante años sin un uso definido, lo que supone un incumplimiento de los principios de eficiencia en la gestión del patrimonio público.

En concreto, se destinaron cinco millones de euros (5.243.139,73 euros) para reformar el edificio y modernizar sus infraestructuras con el fin de convertirlo en un centro de investigación, pero nunca llegó a utilizarse. Al carecer de vigilancia adecuada entre 2015 y 2024, el edificio sufrió actos de vandalismo y robos. El Tribunal de Cuentas estima que solo el valor de los bienes saqueados supera los dos millones de euros.

En resumen, este agujero económico señalado por el Tribunal supera los siete millones de euros entre la obra de reforma no aprovechada y los daños por el abandono posterior.

Finalmente, la memoria de 2025 destaca que la información publicada por el ministerio en el Portal de Transparencia sobre la relación de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado, o sobre los que ostenta algún derecho real, aparece «desactualizada o incompleta».