El «imperio» de la oligarquía política

La desafección hacia la clase política que, de forma categórica, manifiesta la ciudadanía en la España actual, ya sea pública como privadamente, es notoria y, en términos muy generales, se debe al evidente deterioro, por no decir putrefacción, que la política y, sobre todo, sus actores, sufre en nuestros días; podredumbre que, por otra parte, si volvemos la mirada a nuestra historia, no debiera sorprendernos demasiado, pues en España la clase política (con honrosas excepciones), y no sólo durante el siglo XIX e inicios del XX, ha tenido tradicionalmente fácil predisposición hacia el desenfreno y la inmoralidad. Joaquín Costa, hace más de un siglo, nos advirtió de ello al referirnos que en España "no hay Parlamento ni partidos, solo hay oligarquías”, oligarquías formadas por caciques que no sirven a la política, sino que se sirven de ella para defender mejor los intereses personales del círculo de gobernantes.

La razón por la que hasta hoy perdura esta situación, habiéndose agravado hasta los niveles de corrupción que estamos últimamente presenciando, no es otra que la permanente «ignorancia» (ideologizada) y servidumbre que sigue dominando al pueblo español, un pueblo sin criterio propio y sin una formación suficientemente sólida para percibir que el régimen político en el que vive no responde, en modo alguno, a principios ni mecanismos verdaderamente democráticos. El régimen español del 78, como ya denunció reiteradamente Antonio García Trevijano, no fue una verdadera «ruptura democrática», fue simplemente un cambio de formas y apariencias políticas de una oligarquía interesada en seguir manteniendo «su poder». Esa transición se realizó, como es patente, sin activar un proceso constituyente democrático real, por lo que su resultado, como no podía ser de otro modo, ha sido la consolidación del poder de la oligarquía mandante que domina y explota al pueblo, un pueblo sin mecanismos soberanos de fiscalización que le permitan controlar a quien le gobierna. Debido a ello, la actividad política en España no es, sino una «puesta en escena» para dar apariencia de legitimidad a las oligarquías (partitocráticas) que verdaderamente manipulan los hilos del poder (tomando las más importantes decisiones) con el único fin de «mandar» (ostentar el poder) y «cobrar» por ello (vivir de ello) obteniendo todo tipo de privilegios y haciendo del Estado su propio «cortijo», posesión o hacienda de la que obtener recursos económicos privados.

Esta cruda y evidente realidad la tenemos frente a nuestros ojos y cotidianamente nos demuestra que la «oligarquía política dominante» («los que cobran por mandar») no persiguen con sus acciones, ni por casualidad, satisfacer los intereses públicos, ni atender a las necesidades del pueblo. Generalmente, la clase política en España, muy en particular los que componen su Gobierno, está distraída en hacer «sus» políticas de despachos (aquellas que les sostienen en el poder) tan dañinas, por lo general, para la Nación y para el pueblo, confiriendo todo tipo de prebendas a aquellos grupos políticos que, aunque minoritarios en votantes, les mantienen en el poder (otorgándoles la mayoría inalcanzada) y les permiten seguir obteniendo ventaja de ello. También suelen distraerse realizando «políticas» que activan o desactivan sectores económicos, creando así una especulación de la que directamente (mediante comisiones) o indirectamente (mediante inversiones) les reportan, personalmente o mediante testaferros, pingües beneficios. Ahora bien, cuando se trata de resolver verdaderos problemas que afectan al pueblo y que requieren de la urgencia y el buen hacer político, el Gobierno, en lugar de resolverlos (buscando, para ello, el tan cacareado consenso «en pos del bien general»), los aprovecha, como «armas arrojadizas», para lanzarlas como «dardos envenenados» a las facciones ideológicas enemigas, tratando de minar los cimientos (electorales) del contrario. Desgraciadamente son muchos los ejemplos ilustrativos que podemos «de-enunciar», baste ahora señalar solo algunos más recientes, como lo son, la gestión de la DANA en Valencia, el desencuentro de las administraciones en cuanto a las medidas de lucha contra los numerosos incendios de este verano, por no citar el evidente deterioro sufrido por ciertos sectores de servicios públicos en España, como Correos, Renfe, la Seguridad Social, etc. Todos estos problemas, verdaderamente importantes y que deberían unir a la clase política para, haciendo bloque común, encontrarles solución, sólo le sirven a nuestros políticos para atribuir la responsabilidad de los mismos «a los otros», en una lucha fratricida que sólo persigue que el contrario no alcance el poder y que, obviamente, agrava, en lugar de solucionar, aún más todos estos problemas. Responde así la acción política de esta oligarquía a una forma de perversión sobre la que se han instaurado oligarquías de un signo u otro, formadas, en muchos casos, por familiares directos de los que también fueron mandantes franquistas y que, en consecuencia, hace necesario plantearnos si, en términos maxweberianos, este tipo de «poder» realmente es una forma de «dominación legítima» o si, por el contrario, los que mandan sobre el Estado han secuestrado la Soberanía Nacional al pueblo y se sirven de ello para extorsionarlo y beneficiarse de él.

La citada cuestión exige, antes de nada, aclarar si quienes nos «mandan» y «cobran» por ello, verdaderamente nos representan (o no) y si además sus acciones son verdaderamente políticas o por el contrario son una mera simulación (fraude, estafa, timo…) continua, mediante la cual explotar interminablemente al pueblo sin piedad ni miramiento alguno, conduciendo de esta manera a la Nación a la ruina y a la pobreza, como de hecho ya ha ocurrido, por idénticos motivos, en otros países paradójicamente ricos y prósperos en otro tiempo. Si el resultado de nuestro análisis es ese, deberíamos exigir a nuestra clase política («los que cobran por mandar»), que abandonen sus cargos, y dejen paso a quienes con verdadera vocación política (Según Weber, aquellos que siente vocación y viven «para la política» y no los que viven «de la política») puedan ejercer sanamente el poder político con el único objetivo de satisfacer los intereses del pueblo (también llamado, en abstracto, Nación).

Cualquier persona medianamente instruida sabe que la democracia, para que exista, requiere de la identidad entre representantes y representados, es decir, siguiendo a Fernández-Escalante, podríamos decir que sólo hay democracia en un Estado cuando quienes mandan y obedecen en él son una y la misma cosa, cuando el Estado gobierna para la Nación (pueblo) y no para sí mismo (para «los imperantes y su séquito» miembros todos de un «partido» como lo podrían ser «de otro»). La política, referida al Estado (en un sistema de legitimación racional, como supuestamente los son las democracias modernas) exige que «los llamados a mandar» (mediante unas elecciones verdaderamente democráticas), se dediquen al unísono (todos sin excepción) a favorecer y perseguir las necesidades de «su» pueblo o Nación, en consecuencia a preservar la soberanía y la integridad territorial, mantener el orden y la estabilidad interna, promover el bien común y el desarrollo, proteger los derechos y libertades fundamentales, asegurar la continuidad y proyección internacional del Estado, y establecer políticas que permitan gestionar estratégicamente los recursos, todas ellas cuestiones muy objetivas y perfectamente concretables, puesto que, los fines de la política de Estado se orientan a garantizar la supervivencia, la estabilidad y el desarrollo a largo plazo del país, por encima de los intereses inmediatos de cualquier partido o de cualquier gobierno y por encima de cualquier ideología.

Para que esos objetivos se puedan materializar en un sistema democrático y para que la clase política dirigente no pueda desviarse de ellos (pervirtiendo su función, con intención de perseguir «sus» intereses privados), como nos dejó dicho Dalmacio Negro, es necesario que el propio Estado garantice la Libertad política del pueblo, que consiste en la plenitud de la ciudadanía; requiriendo para ello, sobre todo, tres cosas: En primer lugar libertad para fiscalizar al gobierno, fundamentalmente controlar el Tesoro, la Hacienda Pública, los ingresos y los gastos públicos, que es lo que verdaderamente da poder al gobierno. En segundo lugar, libertad para elegir y designar a los gobernantes. Por último, libertad para poder ser elegido y designado para ocupar las magistraturas, bien como funcionario, bien, y fundamentalmente, como representante de la comunidad política. Como podemos comprobar, es esta «libertad política» la que asienta verdaderamente cualquier sistema político auténticamente democrático y la única que, existiendo, puede garantizar el Estado de Derecho. Pues bien, en España evidentemente, como se puede comprobar, no existe «libertad política» y, consecuentemente, no existe Estado de Derecho.

Repasemos, abreviadamente, los requisitos que, siguiendo a Negro Pavón, hemos destacado como imprescindibles para admitir la existencia de la «libertad política» en un Estado, es decir, para constatar la fehaciente existencia de un «Estado de Derecho»; si bien, para ello procederemos a alterar el orden en el que nos la presentó el ilustre catedrático madrileño.

Empezaremos aquí por considerar primeramente la que nos presentaba Negro como segunda: «libertad para elegir y designar a los gobernantes». En España desde la promulgación de la originara Ley para la Reforma Política de 1977, que dispuso las reglas electorales (entre otros aspectos de la transición) para las primeras elecciones, supuestamente democráticas, tras la dictadura de Franco, se apostó por el llamado sistema proporcional (sistema D’Hondt) con listas cerradas y bloqueadas (para el Congreso) y listas abiertas (para el Senado). Desde entonces, con pocas variaciones, este sistema electoral se ha consolidado y fue definitivamente articulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985. Cabe preguntarse, para saber si hay «libertad política», si este sistema electoral garantiza al ciudadano español su derecho a designar y elegir libremente a sus representantes.

Lo cierto es que pese a estar prevista en la LOREG la posibilidad de presentar candidaturas por agrupaciones de electores, la historia de nuestro vigente sistema político demuestra que, salvo raras excepciones que han tenido lugar a nivel local (elecciones municipales), por lo general en la política nacional solo han prosperado las listas presentadas por partidos políticos o por coaliciones de partidos. En tales casos quien elige (designa) a las personas que formarán parte de la lista (y su orden de participación en la misma) son solo los líderes de los partidos políticos (directamente, a través de los órganos de dirección o mediante aparentes primarias, casi con el mismo resultado). Esto significa que el candidato se sabe ya elegido desde que ingresa en la lista en un puesto de cabeza, por lo que una vez elegido, perfectamente consciente de que su designación la debe al líder que le incluyó en la lista y que, consecuentemente, no la debe al electorado, quedará sujeto a la voluntad de quien le designó (su líder). El electorado, todo lo más, vota a un partido u oligarquía mandante, quedando así privado de su libertad política de «designar y elegir a sus concretos representantes». En conclusión, los miembros de las cámaras legislativas españolas son designados y elegidos por las cabezas de los partidos políticos a los que, por ello, deben obediencia. Con razón escribe Costa: «Piensan que el pueblo es ya rey y soberano porque han puesto en sus manos la papeleta electoral, no lo creáis; mientras no se reconozca además al individuo y a la familia la libertad civil y al conjunto de individuos y de familias el derecho complementario de esa de libertad, el derecho de estatuir en forma de costumbres, aquella soberanía es un sarcasmo, representa el derecho de darse periódicamente un amo que le dicte ley, que le imponga su voluntad: la papeleta electoral es el harapo de púrpura y el cetro de caña con que se disfrazó a Cristo de rey en el pretorio de Pilatos». También Weber, en su Politik als Beruf, nos advirtió: «Lo que los jefes de partido dan hoy como pago de servicios leales son cargos de todo género en partidos, periódicos, hermandades, cajas del Seguro Social, y organismos municipales o estatales. Toda lucha entre partidos persigue no sólo un fin objetivo, sino también y ante todo el control sobre la distribución de los cargos».

Por lo que se refiere al control al gobierno y al gasto público, siendo ésta una medida de fiscalización que en España se realiza directamente mediante el control parlamentario y mediante el Tribunal de Cuentas y dependiendo el nombramiento de quienes lo forman, nuevamente, de la voluntad de los líderes de los partidos políticos (en el Caso del Tribunal de cuentas son las cámaras parlamentarias quienes los eligen, cámaras que están abiertamente al servicio de sus caciques políticos), es decir de la oligarquía mandante («los que cobran por mandar»), no nos es posible concluir que verdaderamente el pueblo sea quien ejerce tal «libertad política», que evidentemente también queda sustraída al pueblo. Pueblo que soporta el coste del sostenimiento de toda la máquina estatal, es decir, que soporta el gasto de los «caprichos» de quienes «cobran por mandar», pues, aunque incluso muchos de los gastos de la clase política se financien con fondos de los partidos políticos, en España, en una forma de corruptela más, los partidos políticos son financiados por el Estado (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos), es decir por todos aquellos ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos directos e indirectos que «los que cobran por mandar» les deciden imponer, sin que a cambio «los que pagan por obedecer» puedan controlar en modo alguno la administración de los recursos y el gasto público.

Finalmente, solo nos queda referirnos a la «libertad de poder ser elegido y designado para ocupar las magistraturas», una libertad que sí, al menos hasta ahora, podían ejercer cualquier español mediante su legítimo derecho a concurrir (cumpliéndose el requisito de tener la licenciatura en Derecho) a las oposiciones libres que se convocan regularmente en España para proveer al cuerpo de jueces y magistrados. Si bien, como sabemos, este tema, que está de actualidad, interesa especialmente al actual Gobierno resuelto en cambiar el mecanismo de captación de Jueces y Magistrados en España y que presentó, el pasado mayo, un proyecto de reforma (Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal) ya en tramitación, por el que se pretende cambiar sustancialmente los modos de designación de los Jueces y Magistrados en España, proyecto que ha despertado no pocas desconfianzas entre los miembros del colectivo de este cuerpo (Poder Judicial). Todo ello, además, sin perjuicio a la continua intromisión del ejecutivo en las tareas del Poder Judicial, durante los últimos años, ya sea mediante el uso de mecanismos extraordinarios poco convenientes (amnistías) o mediante reformas sustantivas de nuestro derecho, a veces tan malamente arbitradas que están minando la categoría sistémica de nuestro ordenamiento jurídico.

Además de todo ello, no debemos olvidar que durante los siglos XIX y XX la prensa ha sido un importante elemento garante del sistema parlamentario, y complementario a los principios de discusión y publicidad sobre los que se debe fundamentar todo parlamentarismo. La libertad de prensa, cuando verdaderamente existe, es un medio comunicativo que contribuye muy eficazmente a la difusión de los resultados de la actividad parlamentaria y a una verdadera exposición de los motivos que fundamentan las intervenciones parlamentarias y que desvelan las políticas de acuerdos que en el ámbito parlamentario se desarrollan. Pero, la libertad de prensa exige la independencia de ésta; si la prensa (medios de comunicación en general) está controlada por el poderoso (por «los que cobran por mandar») o por los partidos políticos dominantes, entonces no cumple su misión de correa transmisora de información, sino que queda convertida en un instrumento de propaganda política, instrumento de valor extraordinario para los partidos que la controlan. Para que exista verdadera libertad de prensa resulta imprescindible, que ésta sea absolutamente independiente (sobre todo económicamente) y se sostenga de los propios ingresos que obtenga como «industria» u «oficio», o dicho de otro modo, que su sostenimiento se mantenga por mediación de las propias bases sociales (nunca mediante prebendas, directas o indirectas a los medios de comunicación por parte del Estado o de los partidos políticos que le sustraigan la independencia y con ella la libertad). La libertad de prensa exige que ningún grupo social (lobby) controle o pueda realizar censura a los medios de comunicación y que, en consecuencia, éstos sean libres para que desde posiciones independientes puedan «juzgar» la acción política desde la objetividad de sus acciones y resultados (debidamente independiente y al servicio del pueblo, es decir, de modo inmaculado y ejemplar). Sin embargo, en nuestras actuales sociedades, paradójicamente, la prensa (sobre todo la televisión y la radio, las que más fácilmente llegan al pueblo) no es la que examina a la política (a los operadores políticos) sino que, por el contrario, generalmente es la clase política la que controla la prensa para ponerla a su servicio como aparato político de propaganda y proselitismo.

En definitiva, tal y como se evidencia, de la observación cotidiana de la realidad de nuestros sistemas parlamentarios, ni el principio de discusión racional se cumple, por innecesario para los intereses de la oligarquía partitocrática, ni tampoco afloran, por falta de publicidad, las auténticas razones que anidan en cualquier iniciativa legislativa, puesto que la mayor parte de las veces sólo unos pocos (los que en privado las pactan) saben por qué y para qué se legisla; por último, es un hecho manifiesto que esto, entre otros motivos, ocurre, porque el representante parlamentario es sólo un mero instrumento del partido (un «siervo» de la oligarquía mandante), que actúa siempre movido por su deber de obediencia a quien «lo puso» y no por su propia convicción racional, o por su «deber moral» de respeto a la Nación; el parlamentario actúa siempre llevado por la inercia de una disciplina de partido inexorable, implacable y severa, votando a ciegas lo que le ordenan sus líderes y sin estar en modo alguno interiorizado acerca de lo que vota, sino bajo la dócil y temerosa obediencia que su necesidad de permanecer «viviendo» del partido y para lo que el partido le exige, todo ello, además, sin el más mínimo problema de conciencia.

Así pues, este señorío de la oligarquía política en España es posible merced al engaño en que se mantiene al pueblo, haciéndole creer que es él quien decide y quien elige a sus mandantes y que, una vez elegidos, éstos le representan y que se legisla pensando en el interés general, etc. Todo un cúmulo de mentiras que a su vez se sostienen merced al sistema piramidal de favores que, desde arriba a abajo, se ofrecen en el «pesebre político» a quienes contribuyen al sostenimiento de esta forma de «servidumbre voluntaria».