La ley sobre el final de la vida o la ley de hierro de la oligarquía

El proyecto de ley sobre el suicidio asistido vuelve a ser debatido en la Asamblea francesa, y regresa en una versión aún más radical que la primera vez, cuando fue rechazado por el Senado. Lo más sorprendente de este asunto es la determinación intransigente e inflexible de los defensores de esta ley para lograr sus objetivos, rompiendo todas las resistencias y sin escuchar ningún argumento. Porque los franceses no defienden esta ley. Estudios serios y ampliamente documentados, en particular el reciente de la Fondapol, muestran que todas las sensibilidades políticas rechazan la idea de la eutanasia y el suicidio asistido. Ni siquiera se puede afirmar que la derecha, más conservadora, se oponga mucho más que la izquierda, más progresista.

En realidad, todas las afiliaciones se oponen a ella, aunque, como era de esperar, la oposición es más intensa entre los católicos y los musulmanes. Tampoco parece que los jóvenes, más abiertos a las novedades y a la emancipación, estén a favor de la ley. La mayoría de los votantes temen que esta ley lleve a los más vulnerables a pedir la muerte y temen también obscenos debates familiares. La mayoría de los votantes, tanto de las ciudades como del campo, temen que los más pobres recurran con mayor frecuencia al suicidio asistido, rechazan la ausencia de una cláusula de conciencia para los farmacéuticos, rechazan el delito de obstrucción... En resumen, el desacuerdo es general, y eso sin mencionar al personal sanitario, que en su gran mayoría se opone rotundamente.

Por otra parte, encontramos que quizás éste sea el único punto en el que coinciden los votantes de Le Pen y los de Mélenchon: ¡el desarrollo de los cuidados paliativos en lugar de la ley sobre la eutanasia! La gran mayoría de los franceses reclaman que los cuidados paliativos, tal y como los ha hecho posibles la ley Leonetti-Claeys, se amplíen a todo el territorio y sean accesibles para todos. ¿Debemos creer que nuestros gobernantes piensan ante todo en la economía? La inyección final cuesta menos que los cuidados paliativos... Todos vemos cómo el Gobierno canadiense calcula con cínica satisfacción los enormes ahorros que supone la ley de suicidio asistido. Pero aquí hay en juego un factor más importante.

Tocqueville describió y criticó brillantemente la democracia como una tiranía de la mayoría, en realidad una forma degradada y corrupta de la hermosa democracia de la que él era (y sigue siendo) un respetado defensor. Debemos reconocer que, hoy en día, nuestros países sufren más bien la tiranía de las minorías, otra forma de corrupción de la democracia. Los diversos grupos de influencia se confabulan para elaborar leyes que la opinión pública desaprueba. Robert Michels, discípulo de Max Weber, bautizó como «ley de hierro de la oligarquía» la tendencia demostrada de los gobiernos democráticos a seguir a los grupos de influencia en lugar de a la opinión de los ciudadanos.

El sociólogo estadounidense Olson llamaba a esto «la explotación del grande por el pequeño», y hoy en día se habla de «mayoría silenciosa» para describir a una mayoría que, contrariamente a la doctrina democrática en la que se supone que vivimos, no tiene voz ni voto, y a la que una minoría frenética le impone sus leyes. La «ley de hierro de la oligarquía» significa que un grupo de presión es siempre poderoso y tiene el poder en sus manos, siempre y cuando sea lo bastante decidido y fanático. Los grupos de presión a favor de la ley del final de la vida son una minoría, pero se aferran con uñas y dientes a sus propuestas, nunca se rinden y describen a sus oponentes mayoritarios como una masa de cretinos sin futuro. Avanzan en nombre del progreso, porque creen que romper el antiguo orden de las cosas es necesariamente una mejoría.

Las democracias posmodernas sufren la «ley de hierro de la oligarquía»: el gobierno, sin contrapoder, de una minoría que se cree portadora del mensaje emancipador contra un pueblo anticuado y casposo. Recordemos que la abolición de la pena de muerte se votó en contra de la opinión popular y que más adelante le valió a su promotor un lugar en el Panteón... ¡Sólo la élite está iluminada, eso lo sabemos bien! Sin embargo, a menudo esa élite carece del sentido común que permite ver las realidades triviales y de la decencia común que permite ver las verdades morales elementales. Por ejemplo, la mayoría de la opinión pública sabe muy bien que la ley sobre el final de la vida empujará a los más pobres y débiles a pedir la inyección, como ocurre en la aterradora película Plan 75. Sabe que, por motivos económicos, los servicios de cuidados paliativos serán rápidamente sustituidos por los servicios de suicidio asistido.

Esa mayoría es perfectamente capaz de observar lo que ocurre en los países vecinos que ya están aplicando leyes de este tipo: la eutanasia de niños o discapacitados y la muerte a gran escala. Y defiende con vehemencia la cláusula de conciencia que la ley va a suprimir, porque considera normal que haya opiniones divergentes sobre temas fundamentales. En resumen, no ve las cosas desde un punto de vista ideológico, con el deseo obstinado y ciego de destruir el mundo antiguo, sino con el simple sentido común. Y ha comprendido muy bien que el delito de obstrucción es un instrumento autocrático, inventado por una minoría que se encuentra entre la espada y la pared, para encarcelar a los detractores en el preciso momento en que se atrevan a contradecirles... El «delito de obstrucción» debería llamarse más bien «delito de conciencia», por el que se prohíbe incluso expresar una opinión contraria a la ley de la minoría.

Los mismos parlamentarios pertenecen muchas veces a la mayoría sensata y están de acuerdo con sus votantes. Pero se ven arrastrados por la corriente de las «creencias de lujo», del pensamiento prefabricado a la moda en París, temen el ridículo y no estar lo suficientemente a la vanguardia de la historia. La «ley de hierro de la oligarquía» es muy peligrosa. Se funciona con la pretensión de vivir en democracia, pero en realidad sufrimos la ley de unos pocos doctrinarios que sacrifican la decencia común en el altar de sus revanchas ideológicas.