Cómo el TEDH eludió la prohibición de matar

El 26 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aceptó que la muerte de Noelia Castillo Ramos fuera infligida intencionalmente.

Sin embargo, el Tribunal tenía la obligación de defender el principio de que «la muerte no se infligirá intencionalmente a nadie», consagrado en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Este principio se formuló después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para prevenir la repetición de crímenes cometidos poco antes, en particular la eutanasia. En el Convenio Europeo, la prohibición de matar no admite excepciones en casos de consentimiento de la persona asesinada. Por lo tanto, este principio debería prohibir y prevenir absolutamente cualquier restablecimiento de las prácticas de eutanasia.

Así es como los jueces del TEDH eludieron gradualmente la prohibición de matar para permitir la eutanasia.

Paso 1: Trasladar la cuestión al ámbito de la vida privada

Para permitir el suicidio asistido y la eutanasia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) trasladó la cuestión de la muerte voluntaria del ámbito del artículo 2, que prohíbe matar, al famoso artículo 8 del Convenio (caso Pretty). Este artículo, concebido inicialmente para proteger la vida privada y familiar, es interpretado de forma amplia por el Tribunal para afirmar nuevos derechos. El método es sencillo: al Tribunal Europeo le basta con colocar una situación o práctica dentro del ámbito de la vida privada o familiar para obligar a los Estados a justificar su legislación y decisiones restrictivas en este ámbito. El Tribunal dictaminó entonces que los Estados deben justificar, caso por caso, su negativa a proporcionar venenos a los solicitantes que piden morir (casos Haas, Koch y Gross). Según el Tribunal, el artículo 2 solo obliga a los Estados a limitar los riesgos de abuso, para impedir que una persona «ponga fin a su vida si su decisión no se toma libremente y con pleno conocimiento de los hechos».

Paso 2: Aceptación del «suicidio asistido»

Tomando como referencia una cita de un tribunal suizo, el Tribunal se comprometió a reconocer «el derecho de una persona a decidir cómo y cuándo debe terminar su vida, siempre que pueda formar libremente su voluntad al respecto y actuar en consecuencia». El Tribunal se refería únicamente al suicidio asistido, es decir, la situación en la que una persona se quita la vida con la complicidad activa de un tercero. Para el CEDH, este nuevo derecho se fundamenta en una nueva concepción de la dignidad, individual y relativa, que sustituye a la universal y absoluta que sustentaba los derechos humanos tras la guerra. Según esta concepción, el respeto a la voluntad individual prevalece sobre las prohibiciones morales basadas en la dignidad humana, en particular la prohibición de matar. Sin embargo, el Tribunal dictaminó en el caso Karsai contra Hungría (2024) que los Estados aún no están obligados a legalizar el suicidio asistido, especialmente debido a los «riesgos de abuso y errores que implica su prestación». Pero el Tribunal indicó que esta cuestión debe permanecer abierta, "en vista de la evolución de las sociedades europeas y de las normas internacionales de ética médica en este ámbito tan delicado”.

Paso 3: Aceptación de la muerte por interrupción de la hidratación

Como corolario del suicidio asistido, la negativa al tratamiento también se ha convertido en un derecho fundamental. Para el Tribunal, «la imposición de un tratamiento médico sin el consentimiento del paciente, si este es un adulto con plenas facultades mentales, constituiría una violación de su derecho a la integridad física», incluso cuando dicha negativa «conlleva el riesgo de un desenlace fatal». Una vez más, los deseos del paciente prevalecen sobre la vida. En el caso Lambert contra Francia de 2015, el Tribunal Europeo fue más allá al aceptar la interrupción de la hidratación de una persona con discapacidad hasta su muerte, aun cuando no padeciera una enfermedad terminal. Desde entonces, todos los recursos presentados ante el TEDH por padres para impedir la interrupción del tratamiento y la muerte de sus hijos con discapacidad han sido desestimados sumariamente por el Tribunal. Este fue el caso de Charlie Gard en 2017, Alfie Evans en 2018, Isaiah Haastrup en 2018, Archie Battersbee en 2022 e Indi Gregory en 2022.

Paso 4: Aceptación del principio de eutanasia

Una vez sentadas estas bases, y a medida que la práctica de la eutanasia se extendía por Europa, el TEDH dio otro paso decisivo: afirmar la compatibilidad de la eutanasia con el principio de que «Nadie será privado intencionadamente de su vida», recogido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Mortier c. Bélgica, 2022). Para ello, el Tribunal extrapoló su jurisprudencia anterior, reafirmando «el derecho de la persona a decidir cómo y cuándo debe terminar su vida» (§135), pero de forma incompleta, sin citar el resto de la frase que especifica las condiciones para este derecho, a saber, «siempre que [la persona] sea capaz de formar libremente su voluntad al respecto y de actuar en consecuencia». La mención inicial de «capacidad para actuar en consecuencia» se refería al suicidio asistido y excluía claramente la eutanasia. El Tribunal también invocó su aceptación del aborto, como violación del derecho a la vida, para justificar su aceptación de la eutanasia. Un juez, Georgios Serghides de Chipre, impugnó enérgicamente esta sentencia, recordando al margen del fallo que «cualquier forma de eutanasia o marco legislativo que rodee dicha práctica no solo carecería de fundamento jurídico según el Convenio, sino que también sería contrario al derecho fundamental del Convenio, a saber, el derecho a la vida».

Paso 5: La negativa sumaria a impedir y juzgar un caso de eutanasia

En este contexto, el padre de Noelia Castillo Ramos acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con una solicitud urgente para suspender el proceso de eutanasia contra su hija. El 10 de marzo de 2026, el Tribunal rechazó esta solicitud de medidas cautelares, que eran la única vía para salvar a Noelia.

Las medidas cautelares sirven para suspender la ejecución de una medida, dando tiempo al Tribunal Europeo para verificar que no constituye una infracción irreparable de un derecho protegido por el Convenio, en particular el derecho a la integridad física o el derecho a la vida.

Al rechazar la solicitud de Noelia, el Tribunal dictaminó que no existía tal riesgo en su caso, a pesar de que su vida estaba en juego.

La decisión se adoptó por mayoría, lo que significa que al menos un juez quería suspender la eutanasia; pero esta divergencia no fue suficiente para convencer a los demás jueces.

La decisión carece de justificación, a pesar de que el Tribunal indica que «podría profundizar en su razonamiento si lo considera oportuno» (Instrucciones prácticas sobre medidas provisionales).

Pero, ¿cómo puede justificarse la eutanasia de una joven con tendencias suicidas en virtud del Convenio? Ahora le corresponde al Tribunal Europeo decidir si considera oportuno dictar sentencia sobre el fondo del asunto. Es muy improbable que condene a España tras haber hecho la vista gorda ante la eutanasia de Noelia.

Los días transcurridos desde la muerte de Noelia están revelando nuevos detalles sobre las circunstancias de su eutanasia. Al parecer, Noelia era frágil, tenía tendencias suicidas, cambió de opinión varias veces, el procedimiento de eutanasia estuvo presuntamente viciado por irregularidades y conflictos de intereses, fue presionada para aceptar la donación de sus órganos, etc. Este caso no ha concluido; y el Tribunal sin duda tendrá que pronunciarse al respecto en el futuro.