La Federación «suspende de toda actividad» a un árbitro de Segunda acusado de agredir a una prostituta

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reaccionó con rapidez este lunes después de que La Nueva España diera a conocer la detención de un colegiado de Segunda División investigado por un presunto delito de agresión sexual. El organismo federativo anunció la apertura de un procedimiento interno y la adopción de medidas provisionales mientras se esclarecen los hechos.

En un comunicado oficial, la RFEF explicó que tuvo conocimiento del caso a través de informaciones publicadas en distintos medios y que, conforme a su normativa, ha decidido iniciar un expediente para analizar la situación. Como medida cautelar, el árbitro, del que no se conoce el nombre pero se sabe que es asturiano y de entre 30 y 40 años, ha sido apartado de manera inmediata de cualquier actividad relacionada con el arbitraje hasta que concluya el proceso. «En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso», explican en su comunicado.

Según las informaciones policiales difundidas, el árbitro fue arrestado en Gijón tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró haber sufrido una agresión sexual en una vivienda situada en el barrio de El Llano. La denunciante alertó a las autoridades, lo que provocó la intervención de los agentes y la identificación del sospechoso. Algunas fuentes apuntan además a que el investigado se habría hecho pasar por miembro de la Policía Nacional.

Tras su detención, el colegiado fue trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración ante la Unidad de Familia y Mujer. Posteriormente quedó en libertad con cargos en calidad de investigado y a la espera de ser citado por la autoridad judicial.

Uniformes de cuerpos de seguridad

Diversos medios locales señalan que el hombre tendría vigente una orden de alejamiento de 300 metros y que en su domicilio se habrían hallado uniformes e insignias de distintos cuerpos de seguridad, entre ellos Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales.