La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera
Análisis
La decisión de Europa sobre el tope del gas mantiene en vilo a ciudadanos y empresas españolas
Las compañías del sector no saben cómo se las compensará económicamente si la medida finalmente llega a aprobarse
La semana actual cierra el periodo de tres-cuatro semanas que la ministra Teresa Ribera anunció a final de marzo para conocer si Bruselas aceptaba o no la propuesta de España y Portugal de limitar el precio del gas a 30 euros el megavatio hora. De momento no hay novedad en el frente. Los ciudadanos y las empresas esperan saber en qué queda una de las ideas estrella del Gobierno para reducir el impacto del precio del gas sobre la desbocada tarifa de la luz.
Lo último que dijo la ministra justo antes de Semana Santa fue que la iniciativa estaba en fase de debate técnico en Europa. Las empresas comercializadoras (Naturgy, Iberdrola, Endesa...) no saben a qué atenerse. Al principio se habló de una rebaja temporal del gas hasta final de junio, pero ya estamos casi en mayo; luego se habló de diciembre, aunque tampoco quedó muy claro. Sobre todo se desconoce cómo se les compensará vender por debajo del precio al que compran el gas. El Gobierno ya dijo que no se haría a través de los Presupuestos, de modo que ya pueden imaginarse que seguramente se efectuará a través de la factura, si es que al final la medida llega a tomarse.
Los precios del gas están bajando. Mientras que el 7 de marzo se negociaban a 320 euros el megavatio/hora y llevaban el precio de la electricidad a los 700 euros el megavatio/hora, ayer se negociaban a 50 euros y el precio de la electricidad se ubicaba en los 103,24 euros el megavatio/hora. La mayor entrada de renovables en el mix energético está reduciendo la factura, aunque habrá que ver si duran estas buenas noticias.
Ante la posibilidad de que eso no ocurra y prospere el tope al precio del gas, las empresas se preparan y advierten de lo que puede ocurrir.
Los expertos del gas se ofrecen al Gobierno, pero no les hacen caso
La patronal del gas, Sedigas, se ha puesto a disposición del Gobierno para pensar en un mecanismo que aligere el impacto del precio del gas sobre los consumidores. La asociación, que acoge a empresas grandes como Naturgy o Iberdrola y a otras más pequeñas, alerta del riesgo de intervenir el mercado, «aunque sea de forma temporal y extraordinaria», y de las «alteraciones relevantes» que puede producir en un funcionamiento normal y eficiente del mercado.
Frente a la limitación artificial del precio del gas y a unas pérdidas para las comercializadoras que no se sabe cómo se compensarán, Sedigas propone medidas como bajar los impuestos. «El gas es uno de los escasos suministros básicos de los hogares que se mantiene al tipo máximo de IVA (21 %) frente a otros suministros como la electricidad, que se sitúa en un 10 %. Y sigue soportando en su integridad el tipo vigente del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que contrasta con la reducción de la misma figura impositiva aplicada en la factura eléctrica», sostienen.
La patronal lamenta que no se les apliquen rebajas fiscales como se hace en otros tipos de energía. También que el Real Decreto 6/2022 no esté alineado con el potencial de España y los objetivos de la Comisión Europea, que reconoce el potencial del biometano como otra fuente de diversificación de las fuentes de origen y seguridad del suministro. Aun así, la patronal confirma el compromiso de todas las empresas del sistema gasista español para garantizar que las instalaciones de almacenamiento de gas estén al 80 % de su capacidad el próximo noviembre para asegurar el suministro para el próximo invierno. Otra cosa es el precio al que lo suministren, después de lo sucedido con Argelia.
Esperando la renovación del precio del gas con Argelia
Naturgy negocia en estos días el coste de la renovación del suministro de gas desde Argelia. La empresa española tiene relación con su suministrador, Sonatrach, desde hace más de treinta años. El trato entre ambas compañías es bueno. Las negociaciones sobre el precio del suministro siempre se han desarrollado cada tres años. Normalmente no han trascendido en exceso, hasta que el giro de Sánchez hacia Marruecos ha hecho que cobren relevancia. La renovación del suministro saldrá más cara a nuestro país, pero el motivo no será solo la decisión de Sánchez. El acercamiento de Italia abrirá a Argelia más posibilidades de vender su gas en Europa por sus interconexiones con otros países del continente. A España, que no las tiene, le cobrará más.
El suministro, de todos modos, no parece correr peligro. El 80 % de los ingresos de Argelia viene del gas, y necesita seguir cumpliendo sus contratos si quiere seguir cobrando. Lo mismo le ocurre a Rusia. No obstante, es normal que sigan subiendo el precio para rentabilizar sus recursos, teniendo en cuenta que el gas irá dejando paso a energías menos contaminantes como las renovables.
En cualquier caso, queda por ver cómo repercuten las empresas en las facturas el tope del gas, si finalmente llega a producirse, y el aumento del precio del gas que viene desde Argelia, si deciden incrementarlo.
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