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29 de marzo de 2024

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEuropa Press

Montero confirma un impuesto a las grandes fortunas temporal y aplicable desde 2023

La ministra adelantó la posibilidad este miércoles. El PSOE votó en contra del mismo gravamen en el Congreso a propuesta de Podemos

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no ha aclarado este jueves la fórmula que estudia el Gobierno para aumentar los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios, pero en todo caso sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero.
En declaraciones en el Congreso, tras el debate parlamentario sobre la suspensión de las reglas fiscales y el techo de gasto, Montero ha asegurado que trabajan en «una idea temporal» para aumentar la recaudación entre grandes patrimonios y rentas.
«Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca (actualmente en tramitación en el Congreso), trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo», ha dicho la ministra.
Preguntada por cuándo empezará a aplicar esta subida de impuestos, la titular de Hacienda ha dicho que «por lo menos, estará fundamentalmente vinculado a la entrada en vigor el 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales», y en función de la tramitación parlamentaria que siga.
«Habrá que ver la fórmula, no todo puede ir en la Ley de Presupuestos», ha apostillado la ministra. Los Presupuestos Generales del Estado pueden incluir modificaciones en las figuras tributarias existentes, pero no contemplar la creación de un nuevo tributo.

Critica las rebajas fiscales de las comunidades del PP

Por otra parte, la titular de Hacienda ha tachado de «enorme irresponsabilidad» que otra comunidad, en este caso Murcia, siga la estela de Madrid tras el anuncio esta semana de Andalucía para suprimir el Impuesto sobre Patrimonio.
Además, Montero ha criticado que este «regalo fiscal» se haga en una comunidad que ocupa los últimos puestos de inversión sanitaria o educativa, algo que considera «duro de admitir en un momento de crisis en el que los ciudadanos lo están pasando tan mal».
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