La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados
Guerra fiscal con las CC.AA.
El Gobierno lanza su ofensiva fiscal contra el PP con un impuesto incompatible con el de patrimonio
El PSOE votó en contra del mismo gravamen hace tan solo dos meses. Argumentó que invadía competencias autonómicas. Montero anuncia el impuesto días después del inicio de su batalla fiscal con las comunidades del PP
El Gobierno ultima un impuesto a las grandes fortunas, temporal y que comenzará a rodar el próximo 1 de enero. El gravamen será similar al propuesto por Unidas Podemos en el Congreso el pasado mes de junio, y que el PSOE rechazó. Ahora, dos meses y medio después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, impulsa un mecanismo que corre el riesgo de suplantar al impuesto de patrimonio regulado por las Comunidades Autónomas.
«Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo», dijo Montero este jueves en los pasillos de la Cámara Baja, sin dar detalles sobre la articulación de la medida. Tan solo una pista relativa a los afectados.
«Tendrá que ser una población que evidentemente no supere el 1% de la ciudadanía de nuestro país», dijo en una entrevista concedida a La Sexta. La incógnita es si la ministra se refiere al total de la ciudadanía que paga impuestos o a la cifra global.
El PSOE rechazó el mismo impuesto
En junio, Podemos llevó una proposición de ley al Congreso en la que defendía un impuesto a las fortunas superiores a los 10 millones de euros. Los socios del Gobierno de coalición desplegaban ocho tramos y tipos marginales de entre el 3,6 % y el 5 %.
El grupo socialista votó en contra de su toma en consideración. La diputada socialista Patricia Blanquer Alcaraz argumentó el rechazo de su bancada en la doble tributación, que generaría un impuesto complementario al de patrimonio, lo que podría vulnerar las competencias autonómicas. «Señor Margall, los socialistas sí respetamos las competencias autonómicas porque somos constitucionalistas», dijo Blanquer en sesión plenaria antes del verano.
No se puede gravar lo mismo dos vecesExperto en fiscalidad
«O tienes uno o tienes otro, porque uno de los principios fiscales es la imposibilidad de gravar lo mismo dos veces», dice Javier Santacruz, economista y profesor de la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros. La ofensiva de Montero coincide con la batalla fiscal que el Gobierno mantiene con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que recientemente han aprobado la bonificación del impuesto de Patrimonio que afecta a aquellas personas con bienes superiores a 700.000 euros.
«El impuesto que proponen será más político que efectivo», afirma Carmen Jover, profesora de fiscalidad de la UPF Barcelona School of Management, que señala a la contradicción de mantener ambos impuestos vigentes. «Patrimonio es de gestión estatal, pero la recaudación y regulación es autonómica. Si el Gobierno decide sustituirlo por el de grandes fortunas, deberá compensar a las comunidades», añade.
Tan solo unos minutos antes de que Montero confirmara la aplicación del gravamen, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó la medida como «una opción» en estudio. Las dudas se acumulan. Si finalmente el Gobierno resucita la propuesta de Unidas Podemos, el gravamen afectaría tan solo a unas 6.000 personas en España. Además, Hacienda no podría exigir un tipo excesivo, ya que podría caer en la confiscatoriedad.
El impuesto puede vulnerar el principio de confiscatoriedad
El artículo 31.1 de la Constitución establece principios de igualdad y progresividad de los impuestos. Sin embargo, si el impuesto se suma a los existentes, podría ser recurrido en los tribunales. «Elevar la presión fiscal sobre las grandes fortunas es muy peligroso», afirma Jover.
Punto y aparte merece el efecto que la nueva figura impositiva provocará en la inversión o la permanencia de los grandes patrimonios. El nuevo tributo podría desincentivar la llegada o permanencia de capitales extranjeros, que podrían elegir otras capitales europeas para desplegar sus inversiones. «Puede desincentivar la inversión en España, y todo ello afectaría a la recaudación», confirma Jover.
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