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29 de marzo de 2024

María Jesús Montero, ha descartado fijar un precio máximo a los alimentos básicos

María Jesús Montero, ha descartado fijar un precio máximo a los alimentos básicosEuropa Press

Grandes fortunas

El impuesto a los ricos del Gobierno será un castigo para Madrid, Andalucía y Galicia

Montero ha asegurado que será deducible con el Impuesto de Patrimonio para evitar el movimiento de las comunidades lideradas por el PP

El Gobierno sigue batallando con las comunidades autónomas presididas por el PP que han dejado exento el Impuesto de Patrimonio. Madrid, Andalucía y Galicia son el objetivo del ministerio de María Jesús Montero que ha decidido que el impuesto a los ricos consiga el dinero para las arcas públicas que dejan de recaudar estas comunidades.

Objetivo: Madrid

El impuesto temporal a las grandes fortunas, según El País, recaudará 1.500 millones de euros de los cuales unos 1.000 millones serán cobrados en la Comunidad de Madrid. La Agencia Tributaria ya cifró en esa cantidad el dinero que dejó de ingresarse en el ejercicio 2020.
Las cuentas le salen al Gobierno, pero también le sirven para castigar a estas tres comunidades autónomas y avisar a Murcia de que, si lo suprime, conseguirán con el nuevo impuesto unos 27 millones. En Galicia sería de 66 y en Andalucía de 93 millones.
La ministra Montero quiere evitar que haya paraísos fiscales dentro de España y este impuesto perjudicará directamente a las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid, muchas de ellas empresas familiares, donde solo hay declarados 201.000 millones de euros. Los patrimonios de menos de dos millones no necesitan reportar a Hacienda cantidades.
El Gobierno también añadirá un recargo en la base del ahorro del IRPF. Los rendimientos del capital generados por cuentas corrientes, dividendos, bonos, fondos o seguros volverán a ser castigados con otra subida. Hay que recordar que ya se subió del 23 % al 26 % en 2021.

Doble imposición

La fiebre impositiva del Gobierno de Pedro Sánchez crea problemas como el de la doble imposición. Si se violan leyes, las comunidades no dudarán en considerarlo una invasión de competencias y acudir a los tribunales.
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