El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, en una imagen de archivo.
La nueva ley de vivienda puede bloquear el acceso al alquiler a los más pobres
Expertos lo concluyen así en un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas
La nueva ley de vivienda, aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso de los Diputados, puede bloquear al acceso a la vivienda en alquiler a los ciudadanos con rentas más bajas, según han afirmado esta mañana miembros del Consejo General de Economistas.
La entidad ha organizado un coloquio en el que los expertos reunidos han coincidido al afirmar que el control de precios que establece la nueva ley provocará una reducción de la oferta y expulsará del mercado del alquiler a las familias con menos recursos económicos.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha lamentado que esta ley «no ha sido suficientemente debatida durante su tramitación». «Un marco de política de vivienda estable en el tiempo, similar a las de los principales países de la UE, solo es posible mediante un pacto de Estado entre los principales partidos políticos», ha señalado. Ha añadido que «en el actual marco constitucional es imposible trazar una línea clara de división entre competencias del Estado y de las autonomías en materia de vivienda y urbanismo».
Recogiendo las sugerencias de los expertos, el Consejo General de Economistas de España ha expuesto una serie de propuestas de medidas concretas que podrían ayudar a mejorar esta ley. Entre ellas destacan abandonar cualquier medida que suponga introducir controles sobre los niveles de precios de alquiler; también proteger de forma efectiva los derechos de los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler.
Además han sugerido aportar suelo público para la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles; proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible; establecer un sistema de subsidio para alquileres para las familias con menores rentas; y simplificar y reducir los plazos de gestión administrativa, así como rebajar significativamente los impuestos que gravan a la vivienda.
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