El gasto político en 2021 se fue a los 182.000 millones de euros

La Intervención General del Estado (IGAE), a la que cada día le cuesta más publicar datos nuevos por su tremenda falta de digitalización de sus procesos (prefiero pensar que es eso y no que la ministra procura que se retrase la información), ha publicado un informe sobre la clasificación de las funciones de las Administraciones Públicas con un análisis por división o grupo funcional de 2017 a 2021. Va a dar mucho juego para saber cómo están evolucionando los gastos consolidados del Estado español.

Qué pena no tener todavía los datos del 2022 (aquí es donde entra el tema de la digitalización), que 6 meses después del fin del año no tengamos el informe completo de la consolidación de todas las Administraciones Públicas y sus gastos de 634.000 millones de euros.

Hoy vamos a analizar algo que es absolutamente necesario que todo el mundo conozca y entienda. Vamos a descomponer, con la información de la IGAE, el gasto público que corresponde a lo que todo el mundo llama «sociedad del bienestar» y que yo prefiero llamar «economía del bienestar».

La economía del bienestar son todos aquellos gastos imprescindibles para que la sociedad pueda funcionar y que, bajo ningún concepto, son susceptibles de modificarse a la baja, ni siquiera en un momento de crisis, salvo que previamente se haya reducido a cero el gasto político.

Para mí, y será susceptible de discusión por parte de economistas y sociólogos, considero economía del bienestar los siguientes conceptos:

1) La protección social: en estos gastos se incluyen todos los pagos por prestaciones de incapacidad y enfermedad, las pensiones, el desempleo, las ayudas para vivienda, por exclusión social o para protección de menores. En esta partida está incluida las clases pasivas del Estado y su coste.

2) La educación: aquí se incluye la enseñanza preescolar y primaria, la secundaria, postsecundaria no terciaria, la terciaria, los servicios auxiliares a la educación y el I+D relacionado con la educación.

3) La salud: en este apartado se incluyen desde los servicios ambulatorios, los hospitalarios, de salud pública de I+D relacionados con la salud y los medicamentos y otros.

4) El orden público: en este apartado se incluyen, desde los servicios de la Policía y de la Guardia Civil, incluidos los salarios y equipamiento, así como los tribunales de justicia, la organización de prisiones, así como los servicios de protección civil y contraincendios.

5) La Defensa: donde se incluye todo el gasto militar, incluidos los salarios, así como las inversiones en equipamiento para la Defensa militar del país y nuestra pertenencia a la OTAN.

A partir de aquí, todo es más sencillo. Lo único que necesitamos son los datos de lo que nos cuesta la economía del bienestar y cuánto nos gastamos en total, para saber el gasto político.

El informe de la IGAE es claro al analizar todos los gastos. Vamos a comparar el cierre del ejercicio de 2017, último de Rajoy, y el del 2021, último publicado de Sánchez, aunque sabemos que el consolidado de 2022 ascendió a 634.000 millones de euros.

Con Rajoy se cerró un ejercicio de 480.625 millones de euros, que se repartió el 41,1 % para Prestaciones sociales, el 14,4 % para Salud, el 9,7 % para Educación, el 4,4 % para Orden Público y el 2,2 % para Defensa. Significa que la economía del bienestar se llevó en 2017 el 71,8 % del gasto total, que en valor absoluto fue 344.706 millones de euros.

Por lo tanto, el gasto político alcanzó la cifra de 135.559 millones que representó el 28,2 %.

O mirado de otra manera, la economía del bienestar supuso el 29,7% del PIB, el gasto político el 11,7 % y, por lo tanto, el gasto público llegó al 41,4 % del Producto Interior Bruto nominal.

Cuatro años después, la hecatombe. Hay una radicalización del gasto, llegando a finales del 2021 a 610.864 millones de euros, con un crecimiento del gasto del 27,2 %, eso sí, con solo un incremento del PIB del 3,8 % nominal con respecto a 2017.

La Protección Social crece un 25,9 %, que es un 1,3 puntos menos del total de los gastos; la Salud crece un 27,9 %, claramente influido por la pandemia, la Educación crece un 19,8 %, el Orden Público un 15,9 % y la Defensa un 13 %.

Por lo tanto, la economía del bienestar sube hasta 429.075 millones de euros, que supone crecer un 24,5 % sobre los 344.706 millones, y pasa a suponer un 70,2 % del total del gasto.

Esto quiere decir que, aprovechando la coyuntura, el gasto político crece un 34,1 % y pasa a representar el 29,8 % del total del gasto y supone 181.789 millones de euros.

Implica que el gasto político pasa a ser el 15,1 % del PIB, la economía del bienestar pasa a representar el 35,6 % del PIB y el gasto público se va a un 50,1 %.

En definitiva, tenemos un gasto político que ha llegado a los 181.789 millones de euros que hay que adelgazar sin tocar la economía del bienestar.

Si pensamos que en el 2022 el gasto público ha llegado a los 634.400 millones y ha crecido sobre 2021 un 3,8 %, lo más que probable es que el gasto político se haya colocado al menos en 189.000 millones de euros de grasa a poder limpiar.

Este presidente se ha vuelto loco, desde el punto de vista del gasto, y se ha convertido en un señor feudal, desde el punto de vista de los ingresos. Hace crecer más el gasto político que la economía del bienestar, hace crecer los impuestos, además consigue endeudarse en 360.000 millones y dejar un país quebrado.