Diego Barceló

El empleo público está inflado en 409.000 personas

Si el gobierno confisca una parte creciente de los salarios y rentas privadas, para gastarlo según quiera, los ciudadanos son menos libres y la economía es menos eficiente

Si con el gobierno de Pedro Sánchez la presión tributaria alcanzó un máximo histórico, lo mismo ocurre con el gasto público. No es solo un tema financiero; es, ante todo, un tema de libertad. Si el gobierno confisca una parte creciente de los salarios y rentas privadas, para gastarlo según quiera, los ciudadanos son menos libres y la economía es menos eficiente (por lo que ofrece menos oportunidades de progreso). Si alguien cobra € 2.500, su libertad de hacer será una si paga € 500 en impuestos y otra mucho menor si paga € 1.250 (que es aproximadamente lo que ocurre, de media, en España).

El gasto no financiero del conjunto de AA.PP., sin incluir los intereses de la deuda pública, promedió entre 2019 y 2022 el 46% del PIB. Eso es 11 puntos porcentuales más que en la primera legislatura de Felipe González (1983-1986).

En los últimos 15 años (2007-2022), el déficit fiscal anual medio fue 6,2% del PIB. Es más del doble que el máximo establecido en el Pacto de Estabilidad, lo que muestra la incapacidad de la Comisión Europea como «guardián» de las cuentas públicas (mucho más ahora, con una Comisión que ha impulsado el gasto público). Las diferentes crisis, ciertamente, agravaron el problema. Pero hay que admitir que el sector público español se acostumbró a vivir por encima de sus posibilidades, acudiendo al expediente fácil de aumentar la deuda pública.

La deuda pública está cerca de cumplir 10 años seguidos por encima del 100% del PIB. Sin embargo, no es un tema que haya sido prioritario para la política económica de los últimos años. Además de acostumbrarse a gastar por encima de sus posibilidades, el gobierno hace que la economía viva bajo una «espada de Damocles»: una deuda gigantesca que amenaza la estabilidad macroeconómica, por lo que incrementa la prima de riesgo, encarece el crédito y ahuyenta inversiones. Todo lo contrario de lo que se necesita para prosperar.

Estos altos niveles de déficit fiscal y deuda pública se producen al mismo tiempo que la presión tributaria es máxima. Eso evidencia que no es con más ingresos que se podrá remediar el desorden de las cuentas públicas. Por el contrario, debería comenzarse por hacer presupuestos «base cero» de forma periódica, en todos los niveles de gobierno y eliminar el gasto superfluo o redundante.

Debería quitarse presión al aumento del gasto público, incentivando la provisión privada de servicios de salud y educación, mediante adecuadas desgravaciones fiscales. No es justo, por caso, que haya familias que paguen la educación privada de sus hijos y no puedan desgravarse ni un solo euro, pese a que ayudan a contener el gasto público. Al mismo tiempo, eso daría a las familias mayor libertad para elegir cómo quieren atender la educación de sus hijos y su propia salud, mientras se promueve de manera genuina la actividad y el empleo en esos sectores.

Entre 2000 y 2008 (segunda legislatura de Aznar y primera de Zapatero), el empleo público fue, de media, el 15,2% del empleo total. Creo que nadie defendería que en esos años el tamaño del gobierno fuera «mínimo». No obstante, ahora es 17,2%. Hay 409.000 empleados públicos más de los que serían necesarios para volver al ratio de 15,2%. Eso significa que el sector privado tiene que financiar unos € 15.000 millones anuales de más en salarios públicos.

El tercer foco de presión sobre el gasto público es el sistema de pensiones, al que por su importancia especial me referiré en un próximo artículo.

Finalmente, una forma de acelerar la reducción de la deuda sería abrir en bolsa el capital de Loterías y otras empresas públicas nacionales y autonómicas, además de vender las participaciones que el gobierno mantiene en empresas cotizadas. Si todo el producido de esas desinversiones se aplicara a amortizar deuda pública, los beneficios serían múltiples: una reducción permanente del déficit fiscal por la menor factura de intereses, mayor inversión privada, menor riesgo macroeconómico al reducirse la dependencia de las compras de títulos públicos del BCE y estímulo al ingreso de capitales. Más importante aún, el gobierno estaría diciendo a los ciudadanos y a sus acreedores que se toma en serio el problema del endeudamiento público.