Líneas económicas para el próximo Gobierno (II)
Cualquier gobierno que valore la iniciativa privada y la libertad individual debería revertir la tendencia creciente de la presión tributaria
El Gobierno de Pedro Sánchez llevó la presión tributaria al máximo histórico. En el cuatrienio 2019-2022, los recursos no financieros del conjunto de Administraciones Públicas promediaron casi el 42 % del PIB. Es el mayor valor histórico. Para tener una referencia de cuánto más de nuestros salarios y patrimonios nos confisca el gobierno, ese 42 % del PIB resulta, por ejemplo, 10 puntos porcentuales más que la media del período 1983-1986, en la primera legislatura de Felipe González.
El gobierno extrae ahora al sector privado 10 puntos más del PIB que un gobierno que se había destacado por aumentar el gasto público y la presión tributaria (hasta 1982 la misma no superó el 30 %). En valores actuales, eso significa que, cada año, el sector público confisca al sector privado unos € 145.000 millones más que hace 40 años. En 1986 el sector público, que ya había generalizado la gratuidad de la atención sanitaria y extendido el seguro de desempleo, financiaba sus actividades con una menor proporción de un PIB que era la mitad que el actual en valores constantes. Lo mismo, ahora expresado en euros de poder adquisitivo actual: el conjunto de AA.PP. se financiaba con € 425.000 millones, mientras que ahora necesita € 570.000 millones.
¿Imagina el lector si las familias y empresas dispusieran cada año de € 145.000 millones extra? Lo ayudo en el ejercicio: eso equivale a € 8.100 por año para cada ocupado en el sector privado. La excesiva expansión estatal y la consecuente enorme presión tributaria, hace que el sector privado tenga mayores costes de producción, sea menos competitivo, y tenga menos recursos para invertir, innovar y crear empleo.
Cualquier gobierno que valore la iniciativa privada y la libertad individual debería revertir la tendencia creciente de la presión tributaria. Una meta inicial podría ser reducirla, al menos, hasta el entorno del 38 % del PIB, que es la media de los 20 años previos a la pandemia. A eso se debería llegar por una combinación de crecimiento económico y rebajas y supresión de impuestos.
Para alentar la inversión, el empleo y la competitividad, el Impuesto sobre Sociedades debería ser significativamente inferior al actual. No es necesario rebajarlo de una sola vez. Tras una cierta rebaja inicial, bastaría con anunciar una reducción gradual, por ejemplo, a razón de un punto porcentual por año, hasta dejarlo en no más de 15 %. Una parte de esa rebaja fiscal se recuperaría por la mayor recaudación de IRPF, cotizaciones sociales e IVA que la misma induciría.
Para favorecer la creación de empleo y el trabajo formal, deberían rebajarse las cotizaciones sociales. España no puede permitirse ser uno de los tres países europeos con mayores impuestos al trabajo. Podría plantearse una rebaja importante para los primeros € 500 de salario, cosa que potenciaría las oportunidades de empleo de los jóvenes y de aquellos menos formados. El mayor empleo permitiría recuperar parte de la recaudación perdida por la rebaja de cotizaciones.
El sistema tributario debería ser más simple y equitativo. Por eso, deben suprimirse gradualmente los impuestos de reciente creación («tasa Tobin», «tasa Google», tributos a bancos y eléctricas, etc.) y desterrar definitivamente los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, por atentar contra el ahorro y la acumulación de capital. El objetivo de mayor equidad incluye atenuar el excesivo carácter progresivo que ha ido adquiriendo el sistema, en particular en el IRPF. El principio de progresividad que exige la Constitución podría cumplirse incluso con un tipo único, pues el mínimo exento impacta más en las rentas más bajas y hace que sus tipos efectivos sean menores. Quien dude de la necesidad de reducir la progresividad de nuestro sistema, debería recordar, como dije en mi artículo anterior, que la propuesta de «fuertes impuestos progresivos» viene del liberticida Manifiesto Comunista.
Las cuentas públicas están en déficit y la deuda pública es exorbitante. Por eso estos cambios deberían hacerse escalonadamente, para ser compatibles con la reducción y posterior eliminación del desequilibrio fiscal. De ser necesario, podría atenuarse o suprimirse el trato preferencial de ciertos productos y servicios en el IVA, pero sin incrementar el tipo general, en línea con lo sugerido desde hace años por varios organismos internacionales. Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)
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