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01 de marzo de 2024

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel BorraEuropa Press

Reivindicaciones

CSIF pedirá la jornada de 35 horas para funcionarios y no descartan ir a la huelga

Han presentado 20 medidas que forman parte de las reivindicaciones del sindicato

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado su decálogo de exigencias para este nuevo curso político en la Función Pública, entre las que se incluyen la implantación de la jornada laboral de 35 horas y volver a negociar un nuevo acuerdo salarial.
Bajo el lema, 'Igual trabajo, igual salario', el sindicato ha expresado que sus peticiones obedecen a las tres grandes preocupaciones de CSIF: la temporalidad, la falta de reposición y la lentitud de los procesos selectivos.

Medidas

Durante la presentación de las 20 medidas que forman parte de las reivindicaciones del sindicato de funcionarios públicos, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha explicado que es necesario «suprimir la tasa de reposición» para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas «adecuadas» a las necesidades de la ciudadanía, para lo que es necesario «una planificación plurianaual a varios años de las ofertas de empleo público».
Asimismo, ha pedido agilizar los procesos selectivos, ya que puede pasar más de tres años desde que se convoca la plaza hasta que finalmente los aspirantes se incorporan a sus puestos, y encontrar una «solución a la temporalidad», una cuestión que Borra ha recordado que debe ser solucionada antes del 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad tiene que pasar del 31% de la actualidad al 8% para cumplir los requerimiento de la Unión Europea.
Desde CSIF, han estimado que este proceso de estabilización afectaría a cerca de medio millón de personas en todos los sectores de la administración pública.
Los empleados públicos han reivindicado también renegociar un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, y la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras, así como una habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre territorios.

Jubilaciones

En lo que respecta a las pensiones, han defendido unas pensiones públicas dignas y que las clases pasivas reciban el mismo tratamiento económico que las del Régimen General. Por ello, han propuesto el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa.
Así como una regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario; el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de las clases pasivas y un porcentaje adicional del 5% anual para quien decida prolongar su vida laboral y la aplicación del complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias.
A estas exigencias se suman el desarrollo de la carrera profesional en la Administración General del Estado y «vincular» al resto de las administraciones que no la han desarrollado, favorecer la promoción interna, el desarrollo del teletrabajo en el conjunto del Estado; la homologación de los permisos y condiciones laborales entre administraciones; la adecuación de los grupos profesionales y la regulación de las lenguas cooficiales como mérito, nunca como requisito.
Asimismo, han pedido que el Gobierno incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo administrativo en Muface y Mugeju correspondiente al periodo 2022-2024, ante un sistema que han tachado de «infrafinanciado» y para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica y el incremento de los precios.
Por último, han exigido al Gobierno que haga valer el acuerdo sobre el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado firmado en abril de 2021 y saque un Real Decreto que lo regule, así como avanzar en el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado, cuyo texto CSIF acordó con el Gobierno en noviembre de 2022.

Empleados públicos

Durante la presentación de los datos, Borra ha puesto el foco en los 400.000 empleados que «hacen falta» en el sector público para poder acercarse a los niveles de empleados públicos del resto de Europa.
Así, ha recordado que, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el nivel de empleados públicos en España es dos puntos porcentuales inferior a la media de la OCDE, cinco puntos porcentuales menor a la de Francia y 14 puntos porcentuales más pequeña que la de los países del norte de Europa. «No somos muchos empleados públicos, faltan empleados públicos en España».
El presidente de CSIF ha exigido igualar el nivel de empleo público a los estándares europeos, ya que ha alertado de que las últimas dos promociones de médicos se han ido a trabajar al extranjero, por los mejores condiciones laborales.
Asimismo, ha pedido que las condiciones laborales se «igualen» entre comunidades autónomas, ya que existe «mucha competencia» entre comunidades autónomas, y siempre son dos las que ofrecen mejores condiciones: País Vasco y Navarra.

Nuevas huelgas

«Hay médicos que de La Rioja que aceptan contratos en Navarra porque el precio guardias es bastante superior y les ofrece contratos de más larga duración. (...) También estamos viendo en lugares como Castilla y León está ofreciendo a sus empleados públicos trabajar hasta los 72 años, y compatibilizar el sueldo integro y el 75% de la jubilación porque no hay personal», ha advertido.
Las medidas serán trasladas al próximo Gobierno «en cuanto se forme», aunque desde CSIF no han descartado «en absoluto» volver a la huelga ante un momento en el que hay «cero interlocución» con el Gobierno.
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