El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete
El intervencionismo ciega a Sánchez: por qué no tiene ningún interés que la SEPI entre en Telefónica
Tras la salida del Estado de la compañía en 1997 con el Gobierno de Aznar, el actual Ejecutivo en funciones se replantea que vuelva a entrar en la empresa privada: un regreso al pasado
La sorpresa ante el anuncio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre su posible entrada en Telefónica sigue dando que hablar. Los analistas consultados afirman que solo tendría interés si el ente público quisiera tener un asiento en el consejo de administración que le permitiera influir en las decisiones, y que en cualquier caso ahora hay asuntos más importantes a los que dedicar el dinero, como por ejemplo a reducir la deuda sobre el PIB, que rebasa el 110 % en nuestro país. El 5 % que se dice que SEPI querría adquirir costaría hoy otros 1.048 millones más a las arcas públicas.
La presencia de la SEPI en compañías como Indra le ha permitido influir en decisiones tan importantes como cambiar el consejo de la administración para poner a miembros afines al Gobierno. Sin embargo, la presencia del ente público sería muy distinta en ambas compañías. Mientras que en Indra la SEPI es el primer accionista con el 25,16 % del capital social, el 5 % que adquiriría en Telefónica no alcanzaría en principio el porcentaje que tienen quienes se sientan en su consejo. La teleco española tiene actualmente quince miembros en su órgano de decisión, lo cual implica que la media de participación de cada uno estaría en torno al 6,6 %.
Esta regla, sin embargo, no es algo fijo. La compañía no refleja en sus Estatutos qué porcentaje de acciones debe tener cada miembro del consejo. Tan solo habla de que el órgano debe tener un mínimo de cinco miembros y un máximo de veinte. Ahora tiene quince. Por otra parte, tampoco se cumple siempre el mínimo del 6,6 % de acciones de media para tener asiento. BBVA (4,87 %) y CaixaBank (3,50 %) están por debajo de ese porcentaje, tienen un asiento y tuvieron dos hasta que se redujo el consejo de 17 a 15 miembros. La relación histórica u otros argumentos les han valido para obtener su puesto.
Ambos accionistas son los que podrían defender la españolidad de Telefónica junto con la SEPI en el hipotético caso de que la atacaran los nuevos accionistas, Saudi Telecom Company (STC). Los saudíes compraron en septiembre el 4,99 % de las acciones de Telefónica, y aún tiene que pedir permiso al Ministerio de Defensa para poder hacerse con el 5 % que adquirieron a través de derivados financieros. Si se lo dan, se convertirían en el accionista de referencia, con el 9,9 % de las acciones.
Ya han pasado casi dos meses desde que STC podría haber solicitado al Ministerio que aprobara su compra de derivados, pero la realidad es que aún no lo ha hecho. Empieza a hacer pensar sobre cuáles serán sus intenciones reales. Aunque hay quien cree que el movimiento de la SEPI está motivado por el recelo hacia los saudíes y con el noble deseo de salvaguardar la españolidad, también hay quien sugiere que se puede ver cómo una estrategia del Gobierno para acaparar más poder, hagan lo que hagan al final los saudíes.
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