Gasolinera.
BP, Galp y Cepsa se unen a Repsol contra el impuesto energético: «Pone en riesgo 16.500 millones en inversiones»
La patronal recuerda que el Plan Nacional de Energía y Clima prevé unas inversiones de 294.000 millones de las que el 85 % procederán del sector privado
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –patronal conformada por BP, Cepsa, Glap, Gunvor, Repsol y Saras– han advertido que la prolongación del gravamen extraordinario a las compañías energéticas pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones.
En un duro comunicado, esta organización se une a las críticas de Repsol, que ya avisó que este impuesto «condiciona» sus inversiones en el país. Según señala la AOP, una prórroga «penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre».
La patronal recuerda que, de acuerdo con el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-20230, las inversiones necesarias ascienden a 294.000 millones, de las que el 85 % deben provenir del sector privado. Así, de mantenerse el gravamen, las inversiones estarán expuestas «a una incertidumbre fiscal y regulatoria».
Las compañías petroleras ya tienen proyectadas, hasta 2030, inversiones por valor de 16.500 millones de euros «que se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras –que no crean empleo– y frente a otros países sin objetivos climáticos, penalizando la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización».
«Prorrogar este gravamen va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios», añade.
Repsol paraliza varios proyectos
La pasada semana se supo que Repsol ya había paralizado dos proyectos por valor de 300 millones de euros en el País Vasco por la incertidumbre creada por PSOE y Sumar, y dejaba en el aire otros dos.
La decisión de paralizar las inversiones ya fue adelantada por el propio consejero delegado, Josu Jon Imaz, como consecuencia de «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país».
«La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país», añadió en un comunicado la petrolera presidida por Antonio Brufau.
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