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29 de abril de 2024

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid.

Los empresarios madrileños ruegan a Ayuso que se oponga a las próximas subidas de impuestos del Gobierno

Aseguran que empresarios, autónomos y comerciantes de Madrid ya no están en condiciones de soportar un nuevo incremento de la presión fiscal

La organización Madrid Foro Empresarial, que preside Hilario Alfaro, ha emitido una nota en la que alerta sobre la subida de impuestos que prevé el Gobierno central para la próxima legislatura y ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se oponga formalmente a esta medida.
La entidad recuerda que en la futura Ley de Presupuestos aparecerán múltiples cambios y reformas para incrementar, una vez más, la recaudación fiscal, «circunstancia que genera una enorme incertidumbre y preocupación al contribuyente y, en particular, a nuestro sector empresarial. Con este plan, el Gobierno prevé la modificación y aumento de 14 impuestos y espera obtener ingresos adicionales por más de 7.000 millones de euros».
Un análisis preliminar de las medidas fiscales planteadas por el Gobierno les lleva a tener que denunciar que los empresarios, autónomos y comerciantes de Madrid ya no están en condiciones de soportar un nuevo incremento de la presión fiscal, sin que ello implique pérdida de competitividad, cierre de establecimientos y riesgo de destrucción de empleo.
Indican que las medidas fiscales de la Comunidad de Madrid para mitigar o paliar los efectos de la voracidad recaudatoria del Gobierno de España «podrían ser claramente insuficientes para intentar neutralizar estas medidas, más aún después de la más que discutible sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas, que parece que llevará al Gobierno de Madrid a resucitar el Impuesto sobre el Patrimonio para patrimonios de más de tres millones de euros».
A los incrementos fiscales planificados se les unirá la previsible desaparición o retirada de las «rebajas» impositivas adoptadas para combatir la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en temas tan sensibles como la electricidad, la alimentación o el gas, por citar algún ejemplo, «lo que supone de facto un incremento directo de la carga impositiva en un momento económico sumamente delicado».
Además de esta mayor presión fiscal a la que se ven abocadas las empresas, consideran un capítulo también especialmente crítico el relativo a las subidas previstas de las cotizaciones sociales dentro del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y las «adecuaciones previstas» en las bases máximas de cotización. «Todo ello supondrá un nuevo lastre al crecimiento económico y empresarial de la región madrileña», afirman.

Que Ayuso actúe

Desde Madrid Foro Empresarial quieren alertar sobre estas previsiones y reivindicar «que el Gobierno de la Comunidad de Madrid formalice su oposición a estas medidas y que adopte todas las medidas legales y jurisdiccionales a su alcance para impedir, mitigar o paliar los efectos de la política recaudatoria del Gobierno, que tanto daño puede hacer al colectivo empresarial madrileño».
Además, Madrid Foro Empresarial estima que el debate sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas no está ni mucho menos zanjado, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, dado que la misma no se pronuncia sobre cuestiones capitales como el principio de seguridad jurídica, de confianza legítima, y sobre la vulneración del ordenamiento jurídico de la UE al discriminar por obligación real a los no residentes y limitar la libre circulación de capitales en la UE. «Todas estas cuestiones, de gran calado, deberían ser llevadas nuevamente a los tribunales cuando proceda la impugnación de las rectificaciones denegadas y solicitadas por los contribuyentes, mediante cuestiones de inconstitucionalidad y también por infracción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».
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