La presidenta de Junts, Laura Borràs (c), acompañada de dirigentes del partido
Es imposible sancionar a las 8.000 empresas que han abandonado Cataluña desde 2017
Junto a las empresas, salieron más de 30.000 millones de euros en depósitos de empresas y millones de particulares
Los expertos, abogados y notarios consultados coinciden en señalar que la propuesta de Junts de sancionar a miles de empresas que han abandonado Cataluña desde 2017 es inviable e ilegal. Uno de los abogados mercantilistas a los que ha preguntado El Debate indica que «multar a una empresa por su traslado afecta a la libre competencia; la UE no lo permitiría». Un notario consultado recuerda que «no se puede obligar a nadie a establecer su domicilio en un lugar determinado». Otro de los profesionales jurídicos con los que ha hablado este periódico recuerda que «la sede debe estar en el centro real de operaciones y en este sentido la legislación actual ya es clara».
La obsesión de la Generalitat con las empresas que abandonaron Cataluña por motivos fiscales, de inseguridad jurídica o ambos no es nueva. La Agencia Tributaria Catalana ha multado a 73 empresas por deslocalización entre los años 2015 y 2019. Este mismo tipo de sanciones no se da en el resto de CC.AA.
Los expertos con los que ha hablado El Debate recuerdan que, aunque el saldo sea negativo para Cataluña, hay cientos de empresas que cambian su sede desde muchos lugares de España a Cataluña y que ninguna comunidad autónoma ni la agencia tributaria estatal ha llevado a cabo inspección ni sanción alguna. «No se puede multar a una empresa por trasladarse de Barcelona a Madrid pero no por el camino contrario», señala uno de los juristas a los que este medio ha preguntado.
«El principal riesgo de anunciar medidas como sancionar a empresas por cambiar de domicilio social tiene el riesgo para Cataluña de que en el futuro cercano las empresas se funden en cualquier otro lugar de España para evitar problemas futuros», señala otro de los expertos consultados.
En 2017, todas las empresas cotizadas catalanas, excepto Grifols, abandonaron Cataluña en un contexto de incertidumbre y ante el riesgo de que la declaración unilateral de independencia dejara a las empresas con sede en Cataluña fuera de la zona euro y se creara un corralito como los que ha sufrido Argentina en el pasado.
El 9 de octubre de 2017, cual dominó, primero el Banco de Sabadell, Caixa Bank y su fundación y a continuación Abertis, SugurCaixa, VidaCaixa, Applus+, Cellnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa, Planeta, Bimbo, Allianz, Axa, Zurich y hasta un total de 2.175 empresas abandonaron Cataluña hasta el 31 de diciembre de ese año 2017. Luego la sangría ha seguido hasta alcanzar a día de hoy la cifra de 8.000 empresas. Un éxodo sin precedentes. La inmensa mayoría de empresas exiliadas, más allá de las cotizadas, son PYMES.
El independentismo tiene el ojo puesto en un decreto que el Gobierno de Rajoy aprobó en 2017 que facilitaba el cambio de domicilio de las empresas al permitirse que dicho cambio se llevara a cabo con la simple aprobación del consejo de administración y sin necesidad de que el acuerdo fuera refrendado por la junta general de accionistas. Desde la Generalitat se acusó a la Casa Real de llamar a las empresas animándolas a su salida. La realidad es que junto a las empresas salieron de Cataluña más de 30.000 millones de euros en depósitos de empresas y millones de particulares. La mayoría de ese dinero se traspasó a las llamadas cuentas espejo o las oficinas centrales de los bancos donde estaban depositados dichos fondos.
La Generalitat, además de sancionar y amenazar con multas, ha intentado la vuelta de empresas vía ayudas y subvenciones. Así, por ejemplo, la empresa Blue Sun, fabricante de marcas tan populares como Ariel se trasladó, en 2018, de Mataró (Barcelona) a Alcalá de Guadaira (Sevilla) y a finales de 2023 volvió a Mataró tras recibir una ayuda de 313.000 euros de la Generalitat de Cataluña. Las otras empresas que han vuelto a Cataluña son Font Salem, productor de cervezas, que se había trasladado a Valencia, y AGBAR, que regresó parcialmente a Cataluña retornado solo las sedes de las empresas que tuvieran concesiones públicas.
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