Pisos en construcción
Cataluña
La inseguridad jurídica expulsa a los promotores inmobiliarios de Cataluña con dirección a Madrid o Málaga
Cataluña ha pedido aplicar los índices de referencia del precio del alquiler, que contempla la ley de vivienda
La ley de vivienda estatal ya está teniendo consecuencias en Cataluña, concretamente sobre el mercado de la vivienda. Y es que es la única comunidad autónoma que ha pedido aplicar los índices de referencia del precio del alquiler. Y el resultado no puede ser más elocuente: el 19 % de los promotores catalanes o que tienen promociones en Cataluña han decidido trasladar sus inversiones a otros territorios de España.
Es lo que ha asegurado el presidente de APCE, de la Asociación de Promotores de Cataluña, Xavier Vilajoana, quien ha dejado claro que se han marchado a otras zonas donde hay más «seguridad jurídica», y ponía como ejemplo la Comunidad de Madrid y Málaga. Vilajoana también recordaba que ninguna autonomía gobernada por los socialistas ha querido acogerse a la normativa estatal, lo que, a su juicio, «debería hacernos reflexionar». En cualquier caso, considera que la ley de vivienda, es, sin lugar a dudas, «un acelerador de este tipo de decisiones». De momento, ha corroborado la tendencia de los asociados a APCE a hacer más consultas sobre inversiones fuera de Cataluña.
Pero también está teniendo otro efecto, según el presidente de la entidad. Y es que el 32 % de los asociados ha vendido los pisos de alquiler que gestionaba o los han retirado del mercado. Y eso es solo el principio, porque para Vilajoana, lo que causará la nueva ley es que el descenso de la oferta sea aún mayor; también el deterioro del parque de viviendas, porque tampoco hay incentivos para la rehabilitación; y, por supuesto, un desincentivo a los promotores para seguir ampliando este parque.
El presidente de APCE se refería a la nueva ley de vivienda, pero también ha recordado el «histórico de Cataluña», que ya tiene unos «cuantos cambios legislativos» en materia de vivienda, y que han sido incluso anulados por los tribunales. En otros casos aún falta ese pronunciamiento judicial. Cambios que se recogen en la legislación catalana y que afectan, por ejemplo, a la definición de lo que se considera un «gran tenedor». En el caso de Cataluña se trataría de una persona propietaria, ya sea jurídica o física, que tenga cinco o más inmuebles de uso residencial, y que estén ubicados en zonas tensionadas. Este es uno de los temas que más cuestionan desde el sector inmobiliario, promotores incluidos.
Y a estos grandes tenedores, por ejemplo, se les impone la obligación de contener el precio del alquiler; limitar la actualización de la cuota de alquiler; la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer ciertas demandas judiciales; ampliar la protección ante situaciones de vulnerabilidad o renovar el contrato de alquiler social de forma obligatoria. Y todo ello, recordaba Vilajoana, contribuye a esa sensación de «inseguridad jurídica» en Cataluña.
Y luego están las políticas que aplican los ayuntamientos, como el de Barcelona. En este caso, por ejemplo, los constructores destacan el impacto negativo que ha tenido la reserva del 30 % de las nuevas promociones a protección oficial. En la capital catalana, la construcción de pisos ha caído casi a la mitad, lo que está agudizando aún más el problema de oferta de vivienda.
No centrarse en el límite de las rentas
«Debemos procurar que nuestro sector funcione, nos rebelamos contra decisiones políticas y cambios legislativos que no funcionan y así se ha ido demostrando en los últimos años demasiadas veces desgraciadamente», ha dicho Vilajoana, que también ha dejado claro que se trata de un sector muy atomizado, en el que «el 80 % son pequeños propietarios, grandes tenedores solo son un 10-20 %». Y por cierto, Generalitat y ayuntamientos, ha precisado, son los grandes tenedores del alquiler de Cataluña.
Precisamente a las administraciones ha pedido autocrítica, porque los gobiernos central y autonómico solo destinan un 10 % de la inversión en vivienda, en comparación con otros países europeos como Alemania, Holanda, Austria o Francia. En España, por ejemplo, no se llega ni a un piso de alquiler por cada cien personas, frente a los 13 que tiene Holanda o los 10 de Austria. La diferencia está, asegura, en que «hay países que hace mucho tiempo que lo llevan haciendo y con una seguridad jurídica se animan y los ponen en alquiler».
Seguridad jurídica que va en la dirección contraria a los 26 cambios legislativos que se han producido en España en los últimos años. Eso y que solo se hable de vivienda «cada tres o cuatro años». Pero el presidente de APCE considera que este tema es «políticamente muy vendible», y no tiene «ningún coste para la administración». Pero las consecuencias, ha advertido, «son nefastas».
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