Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La Policía Nacional desarticula un fraude de 4 millones de euros relacionado con las prestaciones de desempleo
Tenía que ver con la capitalización del paro, una medida prevista para fomentar el autoempleo
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social mediante la capitalización de prestaciones de desempleo.
La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022. Se detectaron irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. En concreto, el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo. Esta medida se dirige a fomentar el autoempleo y permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar toda su prestación pendiente de percibir a sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.
Una estructura con reparto de funciones en cinco eslabones
Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un reparto de funciones claro y una estructura distribuida en cinco eslabones.
En primer lugar, la organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes. Trazaban estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculaban el margen de beneficio de cada prestación. Oscilaba entre el 25 % y el 40 % del montante total de la capitalización. Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina.
El margen de beneficio de cada prestación oscilaba entre el 25 % y el 40 % del montante total de la capitalización
En esta gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes. En este segundo grupo de la organización se integraban sus responsables y trabajadores. Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.
Los empleados públicos implicados recibían pagos de hasta 50.000 euros mensuales
El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid -, quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros.
Los empleados bancarios, claves
En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias. Se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización habían contactado con ellos para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25 % y el 40 % de la prestación.
Una vez asegurado el beneficio de la estructura, se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación: el de recepción de beneficios. Éstos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.
Un total de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid
La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red. Fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. En los registros efectuados se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.
Puede haber delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal
Desde el momento inicial de la investigación antes descrita, la comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones públicas concernidas –Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (Consejería de Hacienda y Empleo)– ha resultado ser completa y de gran eficacia, según la Policía, estableciéndose desde el primer momento como objetivo común el esclarecimiento de los hechos.
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