Paneles solares
España, condenada a pagar 30 millones a EDF por las renovables
Nuestro país retiró las ayudas aprobadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
España tendrá que pagar 29,6 millones de euros a la energética francesa EDF como compensación por la retirada de primas a renovables después de que la Corte Federal Suiza haya rechazado la apelación presentada por nuestro país a la condena impuesta en abril de 2023.
España argumentó que el derecho comunitario no permite acuerdos de arbitraje en disputas intraeuropeas, en referencia al caso Komstroy. Sin embargo, el tribunal suizo ha considerado que el artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía es claro en cuanto a la validez de los arbitrajes entre los países firmantes.
Los magistrados suizos han desestimado los argumentos españoles, calificándolos de poco convincentes y señalando que la defensa legal del país se centra demasiado en la preservación del derecho comunitario, sin considerar adecuadamente el derecho internacional y las normas de interpretación de tratados. Además, argumentan que al haberse celebrado el arbitraje en Suiza, no procede apelar a una sentencia europea cuya jurisdicción se limita a la Unión Europea.
Con esta confirmación, se reafirma la obligación de España de pagar los 29,6 millones de euros a EDF, además de otros costos asociados que ascienden a más de 1.550 millones de euros, incluidos intereses de demora, costas legales y honorarios de abogados y consultores. Ante la falta de pago por parte de España, las empresas afectadas han iniciado procesos de embargo de activos, resultando en la confiscación de bienes financieros e inmobiliarios en Reino Unido, así como un aumento en el costo de financiación del Tesoro debido a un escenario de default técnico.
La denuncia de EDF contra España se remonta a 2016, invocando el Tratado de la Carta de la Energía y siguiendo las reglas de arbitraje de la ONU (UNCITRAL) ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La compañía francesa reclamaba 52,8 millones de euros, aunque la sentencia final estableció una obligación de 29,6 millones que España aún no ha cumplido.
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